El Congreso de Puebla recibió una iniciativa para incorporar el delito de etnocidio al Código Penal del Estado y reforzar la protección jurídica de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas frente a actos que busquen destruir o suprimir su identidad cultural.
La propuesta, presentada por la diputada Esther Martínez Romano, plantea reconocer como delito determinadas conductas dirigidas a obligar a una comunidad a abandonar elementos esenciales de su identidad, lengua, conocimientos, instituciones o formas de organización.
El proyecto legislativo establece un tipo penal específico y busca distinguir entre los procesos voluntarios de transformación cultural y aquellas acciones que recurran a la violencia, la coacción o el abuso de autoridad para imponer una asimilación.
De acuerdo con la iniciativa, la incorporación del etnocidio al Código Penal deberá respetar principios de legalidad, taxatividad, interculturalidad y derechos humanos, con el propósito de evitar interpretaciones amplias que puedan criminalizar cualquier modificación en las prácticas de una comunidad.
Propuesta contempla asimilación y desplazamiento forzados
Entre las conductas que la iniciativa pretende sancionar se encuentra la obligación coercitiva de abandonar o rechazar elementos esenciales de identidad cultural, así como la imposición de medidas de asimilación forzada.
También contempla el impedimento sistemático de la transmisión de conocimientos, costumbres o elementos culturales entre generaciones cuando esa conducta represente un peligro grave para la continuidad de un pueblo o comunidad.
La propuesta incluye además el desplazamiento forzado cuando tenga como propósito romper los vínculos sociales, culturales o comunitarios necesarios para garantizar la continuidad de una colectividad.
En la exposición de motivos, Martínez Romano precisa que la iniciativa no pretende sancionar los cambios culturales que ocurran por decisión de las propias comunidades.
“Lo que se pretende sancionar no es el cambio cultural voluntario, sino su imposición mediante violencia, coacción o abuso de autoridad”, señala el documento.
Con esta modificación, el Congreso busca abrir la discusión sobre una figura penal específica que permita actuar ante conductas orientadas deliberadamente a eliminar o debilitar la identidad colectiva de pueblos indígenas y afromexicanos de Puebla, sin interferir en su derecho a decidir libremente sobre su desarrollo cultural.
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