El Congreso de Puebla mantiene en pausa la iniciativa sobre desapariciones simuladas impulsada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, debido a la falta de consenso entre las fuerzas políticas. La propuesta, que generó atención mediática desde su anuncio, busca establecer sanciones legales para quienes simulen desapariciones, pero hasta el momento no ha logrado consolidarse ni avanzar formalmente en la agenda legislativa, reflejando la complejidad de aprobar leyes en temas delicados como la seguridad y la justicia social.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, aclaró que la iniciativa aún no se ha presentado formalmente porque los legisladores no han garantizado su viabilidad ni su aplicabilidad práctica. Según explicó, aunque la propuesta ha sido revisada por diputados de todos los partidos, incluido Morena, todavía no se ha definido el camino a seguir. Esto significa que se mantiene en evaluación, mientras se estudia la posibilidad de fortalecerla para que pueda ser implementada de manera efectiva y con un respaldo amplio dentro del Congreso.
Gaspar Ramírez también enfatizó la importancia de priorizar leyes que realmente funcionen y cuenten con consenso político y social. Destacó que no se trata únicamente de crear normas, sino de garantizar que tengan un impacto real y que integren las voces de movimientos sociales, empresarios y la sociedad civil. En sus declaraciones, dejó claro que la iniciativa permanecerá “flotando” hasta que se logre un consenso suficiente para reforzar su contenido y asegurar su viabilidad.
La propuesta de Salvatori Bojalil surgió tras el caso de Lydia Valdivia, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada en el Estado de México sin indicios de embarazo. La diputada argumentó que quienes simulen su desaparición utilizan indebidamente recursos públicos y operativos, y que deben asumir sanciones económicas y responsabilidades legales. Su planteamiento busca, en teoría, proteger los recursos del Estado y evitar el desgaste de los cuerpos de seguridad y otras instituciones.
Sin embargo, la iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por legisladores de distintos partidos y movimientos sociales, quienes advirtieron que podría criminalizar desapariciones legítimas y revictimizar a madres buscadoras, además de considerarla una propuesta alejada de la realidad y poco sensible a quienes enfrentan situaciones de desaparición de familiares. Estas críticas reflejan la preocupación de que, sin ajustes y consenso, la ley podría tener efectos negativos en lugar de aportar soluciones concretas.
En resumen, la propuesta permanece en espera dentro de la agenda legislativa hasta que se logre un consenso más amplio que permita reforzarla y aplicarla de manera efectiva. Por ahora, la discusión sobre las desapariciones simuladas se mantiene abierta, reflejando los desafíos de crear leyes que equilibren justicia, prevención y respeto a los derechos humanos en Puebla.
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