El Congreso de Puebla busca exentar del pago de corralón y arrastre a víctimas de robo de vehículo cuando la unidad sea recuperada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de evitar abusos, reducir la carga económica para los afectados y cerrar espacios a posibles actos de corrupción dentro del proceso de resguardo vehicular.
La propuesta es impulsada por el diputado de Morena, Jaime Aurioles Barroeta, y contempla una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para eliminar el cobro de arrastre y maniobras en estos casos, al considerar que las víctimas no deben asumir costos derivados de un delito del que fueron objeto, especialmente cuando estos pueden alcanzar montos elevados.
En conferencia de prensa este martes 7 de abril, el legislador local explicó que actualmente los automovilistas enfrentan tarifas que se incrementan conforme pasan los días en depósito, debido a los procesos administrativos y de investigación, lo que en algunos casos provoca que el costo total para recuperar el vehículo sea incluso superior al valor comercial de la unidad.
Esta situación, señaló, genera un doble impacto para las víctimas: primero el robo del vehículo y después la carga económica para poder recuperarlo, lo que en muchos casos deriva en la pérdida definitiva del automóvil o en un endeudamiento para cubrir los pagos exigidos.
En ese contexto, indicó que la propuesta busca reconocer plenamente la condición de víctima y evitar su revictimización una vez concluidos los procesos legales, al tiempo que abre la discusión sobre posibles prácticas irregulares e incluso la existencia de “mafias” vinculadas a los servicios de arrastre y resguardo.
“Vamos a tratar de combatir estos abusos, ayudar a que los poblanos que sean víctimas de algún delito recuperen su coche, para que no sean revictimizados, no pierdan el vehículo o paguen tarifas estratosféricas”, señaló.
Asimismo, expuso que durante 2025 la Fiscalía de Puebla resguardó alrededor de tres mil 800 vehículos con reporte de robo, distribuidos en cinco depósitos oficiales, principalmente en los de Serdán, San Miguel y San Antonio, lo que da cuenta de la dimensión del problema y del número de personas potencialmente afectadas por estos cobros.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis por parte del Congreso local, por lo que se prevé que sea dictaminada en comisiones y posteriormente sometida a votación en el Pleno durante el próximo periodo legislativo, que inicia el 15 de mayo, en medio de un contexto donde el tema de seguridad y justicia sigue siendo prioritario en la agenda pública.
Gobierno de Puebla construirá cinco depósitos para frenar abusos
En ese sentido, el legislador Jaime Aurioles recordó que esta iniciativa se articula con el proyecto del gobierno estatal para la construcción de cinco nuevos depósitos vehiculares, una medida que busca reducir la dependencia de servicios concesionados a particulares y limitar prácticas irregulares en el manejo de unidades aseguradas.
De acuerdo con lo expuesto, estos nuevos espacios estarán ubicados en San Martín Texmelucan, Puebla capital, la Sierra Norte, la Mixteca Poblana y Tecamachalco, siendo este último el primero en operar, como parte de una estrategia para tener mayor control institucional sobre el resguardo de vehículos.
Con ello, se busca no solo mejorar las condiciones de almacenamiento, sino también garantizar mayor transparencia en los procesos, evitar cobros excesivos y brindar mayor certeza a los ciudadanos que enfrentan la recuperación de su patrimonio tras haber sido víctimas de un delito.
Foto: Agencia Enfoque
