El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma clave al artículo 480 del Código Penal local, que modifica la definición legal del ciberasedio y delimita el alcance de este delito para garantizar el derecho a la libertad de expresión, particularmente en el ámbito del periodismo y la crítica hacia servidores públicos.
Con 34 votos a favor, seis en contra y una abstención, la mayoría de los legisladores respaldó esta modificación impulsada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Uno de los elementos centrales de la reforma es que se excluyen expresamente las críticas a funcionarios públicos del delito de ciberasedio, una decisión que responde a las preocupaciones expresadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos de oposición.
Durante el debate parlamentario, Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso, defendió con firmeza la iniciativa, subrayando que la redacción original del delito podía dar lugar a interpretaciones ambiguas que afectaban derechos fundamentales, como el de expresarse libremente o informar.
García Chávez también reprochó a ciertos sectores políticos su falta de coherencia, y recordó que muchos de quienes ahora critican la reforma no se opusieron a políticas públicas altamente cuestionadas en administraciones anteriores. Para la diputada, el nuevo texto legal es el resultado de escuchar a la ciudadanía y construir desde el consenso, no desde intereses particulares.
Por su parte, la legisladora del PRI, Delfina Pozos, expresó su desacuerdo con la aprobación del dictamen, al considerar que no resuelve de raíz el problema del ciberasedio. Además, cuestionó la postura de Movimiento Ciudadano, acusándoles de apoyar al oficialismo al optar por abstenerse.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano explicó que, aunque reconoce avances en la reforma, el lenguaje del dictamen aún presenta ambigüedades, lo que la llevó a abstenerse en la votación. Según explicó, su preocupación radica en que ciertas frases pudieran dejarse a interpretación del Poder Judicial.
En otro momento del debate, Susana Riestra, diputada del PAN, advirtió sobre el riesgo de que la reforma termine desprotegiendo a personas que recurren a las redes sociales para visibilizar casos de violencia. Para ella, es necesario un equilibrio entre perseguir el acoso digital y permitir que víctimas puedan denunciar públicamente a sus agresores.
La nueva redacción del artículo 480 precisa que el ciberasedio se configura cuando existe hostigamiento sistemático mediante medios digitales, afectando la vida cotidiana, privacidad o integridad emocional de la víctima. Además, se aclara que este delito sólo será perseguido si la víctima así lo solicita, excepto en casos en que estén involucrados menores de edad, personas con discapacidad o haya relaciones de subordinación.
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