La Contraloría Municipal de Puebla confirmó que será en enero de 2026 cuando se determinen las sanciones por el presunto hoyo financiero de 547 millones de pesos que dejó la administración panista encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, debido a la falta de documentación comprobatoria del gasto.
En entrevista, la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda acusó que el exgobierno ha mostrado omisiones en la entrega de información para solventar las observaciones hechas durante el proceso de entrega-recepción.
Explicó que en diciembre de este año concluirán formalmente las auditorías que se han mantenido activas desde hace un año, para que los expedientes sean turnados al área de Responsabilidades, donde se definirá qué funcionarios podrían ser sancionados.
“Cuando se deslinden responsabilidades se determinará si son directores, jefes de departamento, secretarios o incluso el alcalde, dependiendo del grado de involucramiento. No se puede estimar un porcentaje de solventación hasta que cerremos todos los expedientes”, señaló la contralora.
Auditorías en recta final
La funcionaria municipal indicó que, como parte de las investigaciones, siguen pendientes observaciones por 387 millones de pesos, correspondientes a gasto corriente, inversión pública y contratos, principalmente en obra pública.
Además, el desfalco incluye adeudos con proveedores, deudas en servicios como energía eléctrica y telefonía, así como gastos injustificados, lo que llevó al Ayuntamiento a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Señaló también que, durante la entrega-recepción, se documentaron 368 observaciones en distintas dependencias municipales, mismas que no fueron solventadas en tiempo y forma por la administración anterior.
De acuerdo con la Contraloría, se prevé que antes de concluir el trienio de José Chedraui Budib queden cerrados los procedimientos administrativos, con la determinación final de las sanciones.
