Controversia por Radial a Cuayantla: vecinos y autoridades enfrentan tensiones en San Andrés Cholula

La obra atravesará predios agrícolas, industriales y habitacionales, causando preocupación por expropiaciones

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula declaró de utilidad pública más de 34 mil metros cuadrados para el polémico proyecto Radial a Cuayantla, que busca conectar la carretera federal Puebla-Atlixco con San Bernardino Tlaxcalancingo.

La decisión, respaldada por un acuerdo del Cabildo local, pretende justificar la obra como solución a los problemas de tráfico, aunque la medida ha despertado cuestionamientos sobre su impacto real en la movilidad y el entorno urbano.

La obra de Guadalupe Cuautle Torres contempla un camino de dos kilómetros que atravesará predios agrícolas, industriales y habitacionales, pasando frente al Complejo de Seguridad municipal. Sin embargo, vecinos y expertos han advertido que la construcción podría alterar la dinámica del tránsito y afectar la calidad de vida, especialmente en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

El presidente auxiliar de esta zona, Sabino Ramón Coyolt, explicó que las modificaciones viales previstas, como el cambio de sentido en Francisco I. Madero y Camino a Cuayantla, podrían generar congestionamientos y complicar la movilidad local, solicitando ajustes antes del inicio de los trabajos.

A pesar de la declaratoria de utilidad pública, el proyecto enfrenta la necesidad de socializar la obra con los habitantes, lo que podría evidenciar falta de consulta ciudadana y tensiones legales en caso de inconformidad.

El inicio del proceso de expropiación agrega otro elemento de polémica: los propietarios de los predios afectados tendrán derecho a audiencia, pero varios vecinos han expresado preocupación por la compensación y la transparencia del procedimiento, lo que podría derivar en litigios y retrasos.

En resumen, mientras el gobierno municipal enfatiza pavimentación, alumbrado y desarrollo urbano, la obra enfrenta rechazo y dudas sobre su planeación, dejando en evidencia un choque entre intereses públicos y preocupaciones vecinales que aún no encuentra solución.

Foto: Redes

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