En el estado de Puebla, sólo el 1.22 por ciento de las carpetas de investigación judicializadas por narcomenudeo alcanzaron una sentencia durante 2025, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
El estudio señala que mil 559 carpetas de investigación por este delito fueron presentadas ante un juez de control en la entidad durante ese año. Sin embargo, únicamente 19 casos lograron llegar a una sentencia.
De ese total, 16 resoluciones fueron condenatorias y tres absolutorias, estas últimas correspondientes a procesos en los que las personas imputadas no fueron declaradas culpables.
Menos procesos judicializados que en 2024
El reporte también muestra que la cantidad de carpetas judicializadas disminuyó durante 2025, lo que refleja una reducción en la actividad procesal relacionada con este delito.
En 2024 se habían presentado mil 736 carpetas de investigación ante jueces, es decir, 177 más que en 2025, lo que representa una caída de 10.2 por ciento.
Durante ese año previo se registraron 10 sentencias condenatorias y 14 absolutorias en casos de narcomenudeo.
Otros delitos con baja resolución judicial
El análisis del Igavim advierte que la baja proporción de sentencias no se limita al narcomenudeo, sino que también se observa en otros delitos relevantes en la entidad.
Por ejemplo, en 2025 se iniciaron procesos por mil 609 investigaciones relacionadas con robo a transportistas, pero ninguno concluyó con una sentencia condenatoria.
Una situación similar ocurrió con los delitos de robo a negocio y robo con violencia, que en conjunto acumularon más de 15 mil carpetas de investigación, sin que se registraran personas sentenciadas.
Disminuyen sentencias en delitos de alto impacto
De manera general, el estudio del Igavim indica que las sentencias condenatorias en Puebla disminuyeron 28.62 por ciento durante 2025 dentro de los 14 delitos considerados de mayor relevancia en el estado.
Entre estos ilícitos se encuentran violencia familiar, violación, homicidio, feminicidio, secuestro y narcomenudeo, entre otros.
El organismo señaló que estos resultados reflejan los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal para avanzar en la resolución de casos y fortalecer la eficacia de los procesos judiciales, particularmente en delitos que afectan directamente la seguridad pública.
