Durante 2025, en 159 de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla se registraron denuncias por el delito de despojo, lo que evidencia una problemática extendida en más del 70 por ciento del territorio estatal.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla acumuló un total de mil 435 denuncias por despojo a lo largo del año pasado, colocándose entre las cinco entidades del país con mayor número de casos por este delito.
Las estadísticas muestran que en promedio se denunciaron hasta cuatro actos de despojo al día durante 2025, una frecuencia que da cuenta de la persistencia y magnitud del problema en la entidad.
Aunque las denuncias provienen del 73 por ciento de los municipios poblanos, la información oficial revela una fuerte concentración en la capital del estado, donde se iniciaron 487 carpetas de investigación en un periodo de doce meses, es decir, más de un tercio del total estatal.
Después de la ciudad de Puebla, Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo y Tehuacán aparecen como los municipios con mayor incidencia, al acumular en conjunto 184 denuncias por despojo durante el mismo periodo.
Asimismo, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula figuran entre los focos rojos del delito, con 110 carpetas de investigación iniciadas entre los tres municipios, de acuerdo con los registros oficiales.
En el contexto nacional, durante 2025 se iniciaron 27 mil 611 carpetas de investigación por despojo en todo México, lo que significa que las denuncias registradas en Puebla representan el 5.2 por ciento del total nacional.
Desde el gobierno de Puebla se han emitido señalamientos contra jueces y funcionarios del Poder Judicial, a quienes se acusa de presuntamente facilitar actos de despojo sin que existan consecuencias para los responsables, lo que ha generado una creciente preocupación institucional.
En este marco, se investiga la operación del llamado “cartel del despojo”, el cual presuntamente actúa con el apoyo de notarías públicas, de acuerdo con declaraciones oficiales.
Ante esta situación, la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier trabaja en una iniciativa de ley cuyo objetivo es endurecer las sanciones y castigar a los responsables de estos actos de abuso, en un intento por frenar una práctica que afecta a cientos de familias poblanas.
Ilustración: Iván Rojas
