Durante 2025, únicamente 20 de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla concentraron las 31 denuncias por delitos ambientales, una situación que encendió alertas por los riesgos que estas prácticas representan para los ecosistemas, los recursos naturales y la salud de quienes habitan en dichas regiones.
Información de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que la incidencia de este tipo de delitos registró un incremento del 34.8 por ciento respecto a 2024, año en el que se iniciaron 23 carpetas de investigación. Este aumento significó ocho denuncias más en un solo año, reflejando una tendencia al alza en las afectaciones ambientales que se presentan en distintas zonas del estado.
Zacatlán se posicionó como el municipio con mayor número de denuncias, al contabilizar cinco investigaciones abiertas, cifra que representa el 16.1 por ciento del total de los casos registrados en la entidad. Este municipio ha sido señalado de manera recurrente por conflictos relacionados con el uso y aprovechamiento de recursos naturales, lo que ha generado preocupación entre habitantes y organizaciones ambientales.
En el contexto urbano, la capital poblana concentró la mayor incidencia dentro de la zona metropolitana, con un total de cuatro denuncias, mientras que San Andrés Cholula y San Pedro Cholula reportaron dos casos cada uno, lo que evidencia que los delitos ambientales no se limitan a áreas rurales, sino que también se presentan en municipios con alta densidad poblacional.
El reporte de la FGE también incluye a Tepeaca y Santa Rita Tlahuapan, donde se abrieron dos carpetas de investigación en cada demarcación, así como a Amozoc, Cuautempan y Cuautlancingo, municipios que registraron una denuncia respectivamente por hechos relacionados con daños al medio ambiente.
Además, se documentaron casos aislados en Chalchicomula de Sesma, Chilchotla, Huitziltepec, Izúcar de Matamoros, San José Chiapa, San Martín Texmelucan, Tepeyahualco, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec y Xiutetelco, localidades que, aunque sólo reportaron un hecho investigado cada una, forman parte del mapa estatal de afectaciones ambientales.
Las denuncias por delitos ambientales abarcan una amplia gama de afectaciones, que van desde daños a ríos, suelos y la calidad del aire, hasta prácticas que impactan de manera grave a los ecosistemas y ponen en riesgo la biodiversidad, tanto de flora como de fauna, con consecuencias que pueden prolongarse durante años.
Entre las problemáticas que históricamente han sido más señaladas en Puebla se encuentran la contaminación de ríos como el Atoyac y el Alseseca, así como la tala de árboles, el manejo inadecuado de residuos y la provocación de incendios forestales, acciones que han deteriorado de forma constante el equilibrio ambiental en distintas regiones del estado.
Uno de los casos que ha generado mayor atención pública es la posible autorización para ampliar una actividad minera en Zacatlán, proyecto que contempla una extensión de 10 hectáreas y una vigencia de 10 años. Diversas organizaciones han advertido sobre posibles daños ambientales irreversibles, por lo que han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizar a fondo el proyecto antes de emitir cualquier resolución.
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