El Nodo de Derechos Humanos (Nodho) denunció un presunto intento de homicidio y actos de represión en contra de Pascual Bermúdez, activista y defensor del agua en San Miguel Xoxtla, quien mantiene un plantón en el parque Pavigi para evitar la perforación de un nuevo pozo en la zona. La organización señaló que el gobierno municipal, encabezado por Guadalupe Ortiz Pérez, podría estar implicado por omisión o complicidad.
De acuerdo con el informe del colectivo, el ataque ocurrió el 29 de octubre, cuando un hombre vestido de civil apuntó hacia la carpa del plantón con lo que parecía ser un arma de fuego. Ante la agresión, los manifestantes se refugiaron en el quiosco central del parque, mientras que el presunto atacante escapó y habría buscado refugio en patrullas municipales, donde se encontraban al menos ocho policías.
El Nodho consideró este hecho como un intento de homicidio contra quienes defienden el derecho al agua en la comunidad y una muestra de la falta de respuesta de las autoridades ante sus demandas. La organización advirtió que la presencia policial en el lugar, lejos de brindar seguridad, podría estar vinculada a actos de intimidación, lo que calificó como una situación alarmante en el contexto actual de crisis climática y conflictos ambientales.
El grupo defensor exigió que el gobierno de Guadalupe Ortiz asuma su responsabilidad y garantice la seguridad de las y los manifestantes, responsabilizando a las autoridades de cualquier agresión futura contra el movimiento.
Los pobladores de Xoxtla sostienen que la problemática del agua se remonta a 1997, cuando la empresa Agua de Puebla para Todos, también conocida como Concesiones Integrales, obtuvo la concesión del servicio por 30 años. Desde entonces, aseguran, la privatización ha provocado escasez y desabasto, afectando a gran parte de la comunidad.
Los habitantes también afirman que la concesionaria extrae agua del pozo número 4 para abastecer a la capital poblana, lo que ha reducido el abasto local. Por ello, en diversas ocasiones han detenido los intentos de perforación de un nuevo pozo, considerado una amenaza para los recursos naturales de la región.
Actualmente, los manifestantes mantienen un plantón permanente para impedir que las obras continúen, en defensa de su derecho al agua y al medio ambiente.
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