En lo que va de 2025, se han detectado 60 cámaras “parásito” en el municipio de Puebla, de las cuales 36 ya fueron desmanteladas debido a que eran utilizadas por grupos delictivos para actividades de narcomenudeo.
Así lo dio a conocer Dino Rafael Gutiérrez Hernández, Director General de Inteligencia y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien afirmó que los dispositivos también eran utilizados por los delincuentes para monitorear la actividad de los policías y evitar su detención.
«Hay una cantidad importante de puntos de venta de drogas, todos están mapeados. En estos lugares, los delincuentes están monitoreando la actividad de los grupos de seguridad para evitar que tengamos éxito en los decomisos o aprehensiones», señaló.
En sesión de la Comisión de Seguridad y Justicia, celebrada este miércoles 25 de junio, reconoció que 24 cámaras están pendientes de retiro en diversos puntos de la capital, principalmente en mercados.
Explicó que el retiro se ha dificultado en los centros de abasto debido al fuerte control que ejercen algunas agrupaciones de comerciantes, por lo que señaló que están actuando con mesura.
El funcionario municipal informó que en el municipio poblano existen alrededor de 645 cámaras de seguridad que sí operan de manera regular, destinadas a la vigilancia continua.
Rafael Gutiérrez afirmó que las cámaras que son instaladas por vecinos también han contribuido a resolver casos de hechos ilícitos, pues reconoció que los dispositivos de la SSC no cubren por completo todos los puntos de la capital.
Esto se debe, argumentó, a que algunos de los equipos de la corporación policial presentan daños por fenómenos climáticos, falta de mantenimiento o porque su vista es obstruida por vegetación o espectaculares.
En ese sentido, dejó en claro que la instalación de cámaras de videovigilancia por parte de vecinos no está prohibida, siempre y cuando no obstruyan la vía pública ni vulneren la privacidad de terceros.
Comentó que se registró un caso en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, donde los directores de una primaria denunciaron la instalación de cámaras que enfocaban la entrada de la institución, por lo que fueron retirados ocho equipos.
Gutiérrez Hernández señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no desmantela cámaras de videovigilancia sin previa autorización, por lo que indicó que cualquier persona puede reclamar su dispositivo en caso de retiro.
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