El diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de imponer sanciones más severas a quienes realicen apología del delito durante espectáculos públicos masivos. La propuesta busca principalmente combatir la normalización de conductas ilícitas en eventos abiertos al público y en plataformas digitales.
La iniciativa contempla modificar el artículo 229 e incluir los artículos 229 Bis y 229 Ter, estableciendo que quienes promuevan, justifiquen o inciten delitos, ya sea en persona o en medios digitales, podrían recibir penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas que van de 50 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA). Si la apología se relaciona con delitos cometidos por organizaciones criminales, la sanción podría aumentar hasta seis años de cárcel, como medida para desincentivar vínculos con grupos delictivos y proteger al interés público.
La reforma también plantea sanciones para organizadores, promotores y responsables de recintos que faciliten o permitan este tipo de conductas. En estos casos, se impondrían multas de 200 a 2 mil UMA y la suspensión de derechos para organizar eventos de seis meses a tres años. En caso de reincidencia, podrían enfrentar prisión de seis meses a dos años. Además, si el evento contó con financiamiento público, los responsables podrían ser inhabilitados para contratar con entes gubernamentales o gestionar permisos de uno a cinco años, buscando cerrar espacios de complicidad y uso indebido de recursos oficiales.
El artículo 229 Ter propuesto facultaría al Ministerio Público para solicitar medidas cautelares que impidan la comisión de apología del delito en futuros eventos, considerando la reincidencia como factor agravante para la individualización de la pena.
Según Trujillo de Ita, la medida busca fortalecer el marco jurídico estatal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la apología del delito, enfatizando la importancia de frenar la exaltación de conductas ilícitas, tanto en espacios públicos como en redes sociales. Además, advirtió que si la provocación conduce a la comisión de un delito, el incitador enfrentará la misma pena que el autor material, reforzando la responsabilidad legal de quienes promueven actos delictivos.
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