Por: Dra. Lorena Martínez Zavala – El Colegio de Puebla
En alguna ocasión, escuché entre los pasillos de una institución educativa que cierta maestra debería ya jubilarse, pues era una persona mayor, condición que, para los juzgantes, era clave en el desempeño de su trabajo. Atribuían una falta de manejo de las nuevas tecnologías y una carencia de vinculación con los estudiantes universitarios, como resultado de la brecha generacional. Este tipo de pensamiento se conoce como edadismo.
La sociedad contemporánea agrupa a la población bajo ciertas características; una de estas es la edad. La estadía regular en la escuela y el nivel a cursar están delimitados por los años de vida de los estudiantes. De igual manera, el ingreso al mercado laboral y el tiempo de retiro están determinados por los años vividos y/o trabajados. De tal forma que la sociedad espera que, a determinada edad, la persona haya cursado un nivel educativo preciso, que haya ingresado al ámbito laboral y que eventualmente deje de participar en este.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2021), el edadismo “se refiere a los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia las personas en función de su edad” (p. 9). Agrega que estos estereotipos se utilizan para sacar conclusiones sobre la otra persona, convirtiéndose en el punto de referencia de los sentimientos y actitudes hacia los otros. Dicha óptica afecta el bienestar físico y mental, así como la dignidad de las personas adultas mayores.
En 2002, y reformada en 2024, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objetivo garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de las personas de 60 años o más. A través de esta ley se busca que tanto instituciones, como familia y sociedad, aseguren la autonomía, equidad y participación de las personas adultas mayores. Además, dicho documento reconoce los derechos en salud, educación, trabajo, asistencia social, protección jurídica y acceso a servicios.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores quedó respaldada y fortalecida por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, emitida en 2003 y reformada en 2024. Esta sostiene, en el Artículo 1, que el Estado debe “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona” (párr. 1). Es decir, el Estado está obligado (Artículo 2) a llevar a cabo acciones que garanticen la igualdad y justicia para toda la población, y a eliminar cualquier acto de exclusión por edad, sexo, género, discapacidad, posición socioeconómica, entre otros.
Estas son solo algunas disposiciones enfocadas al bienestar de este sector poblacional; sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, se han generado diversos mecanismos que buscan garantizar el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, entre estos, el derecho al trabajo. Estas leyes son el resultado de la contienda que se genera en la arena política entre el Estado y la sociedad civil, generando una reconfiguración del poder; es decir, se disipa la perspectiva de que una autoridad superior sea el actor dominante e irrefutable. Las negociaciones entre los diferentes actores entretejen relaciones; los diversos actores ejercen poder e influencia, y dicha dinámica fomenta la gobernanza (Herrera-Camargo, 2025).
Como bien señala Fernández Santillán (2003), la sociedad civil se organiza en una defensa colectiva para enfrentar decisiones verticales y autoritarias. Propicia la apertura de ámbitos en los que los individuos trascienden su particularidad y emprenden acciones colectivas que tienen beneficios comunes para un determinado sector poblacional. De manera específica, en la disputa por la consolidación de los derechos de las personas adultas mayores, la sociedad civil en México ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra el edadismo y por instaurar políticas que permitan a las personas adultas mayores tener una vida digna.
En la historia de México existen un sinfín de organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a la construcción de una sociedad democrática, pero una fue fundamental en la creación de políticas públicas que benefician a este sector poblacional. En 1977, la novelista y ensayista Emma Godoy Lobato creó la asociación civil DIVE (Dignificación de la Vejez). Posteriormente, se unió con Lidia Camarena (economista), Lilia Berthely Jiménez (educadora y política mexicana) y Euquerio Guerrero López (magistrado), quienes lograron que el gobierno creara el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), primera institución gubernamental enfocada a defender los derechos de las personas adultas mayores (INAPAM, 2019); el cual ha cambiado de nombre, pero sigue manteniendo el espíritu de defender institucionalmente los derechos de los adultos mayores.
En la actualidad, asociaciones como HelpAge International México (1983) y Asociación por la NO discriminación laboral por la Edad o Género, A.C. (2006) —por nombrar algunas— han emprendido una lucha clave para que este sector poblacional pueda acceder a un trabajo digno sin ninguna limitante etaria. Las acciones de la sociedad civil confrontan las tendencias de exclusión que emergen en el mercado laboral, construyendo así un diálogo con el Estado.
En definitiva, la sociedad civil en México, en la lucha contra el edadismo, ha logrado instaurar leyes y construir instancias que garanticen el derecho de las personas adultas mayores. Como apunta Fernández Santillán (2003), la sociedad civil ha jugado un papel importante en la creación de una nueva ciudadanía, enfocada en el reconocimiento y la protección de los derechos de los diversos sectores poblacionales.
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