Familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron este lunes 27 de julio frente al Cereso de San Miguel, en Puebla, para denunciar presuntos abusos, extorsiones y cobros irregulares dentro del penal.
La protesta se concentró en el acceso principal del centro penitenciario y ocasionó el cierre temporal del Camino al Batán, con dirección al Periférico Ecológico, así como restricciones en calles cercanas.
Los inconformes solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y exigieron el traslado de los PPL a quienes responsabilizan de intentar controlar distintas actividades dentro del reclusorio.
Denuncian cobros y maltratos
Los familiares señalaron que durante las últimas semanas se habría agravado la situación al interior del penal. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran cobros por el acceso al agua, visitas familiares, productos de higiene y uso de teléfonos celulares.
También acusaron presuntos maltratos contra los internos y posibles actos de acoso hacia las parejas de algunas personas recluidas.
Los manifestantes atribuyeron parte de estas conductas a personas presuntamente vinculadas con La Familia Michoacana. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Piden destitución del director
Durante la movilización, los familiares también exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, al considerar que la administración no ha atendido las irregularidades denunciadas.
Además, pidieron una investigación sobre el posible intento de establecer un esquema de autogobierno y solicitaron el traslado de quienes identifican como responsables de las amenazas y los cobros.
Elementos policiales realizaron cortes a la circulación para resguardar la zona y evitar incidentes durante la protesta.
Hasta el cierre de la información, la Secretaría de Seguridad Pública no había emitido un posicionamiento sobre las acusaciones ni confirmado la apertura de una investigación.
El Cereso de San Miguel ha sido señalado anteriormente por presuntos problemas de corrupción, extorsión y control interno, por lo que la nueva protesta volvió a generar cuestionamientos sobre sus condiciones de seguridad y gobernabilidad.
Fotografía: Redes
