La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió su primera recomendación de 2025, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), por un caso de tortura denunciado desde hace más de tres años, relacionado con violaciones graves a los derechos humanos durante una detención.
De acuerdo con el documento fechado el 30 de enero de 2025, el organismo determinó el inicio de una queja de oficio el 12 de septiembre de 2022, tras documentar la detención arbitraria y posterior tortura de una persona, con el objetivo de forzarla a asumir responsabilidad por delitos que se le imputaban.
Los hechos se remontan a agosto de 2003, cuando la víctima fue detenida por elementos de la entonces Policía Judicial y trasladada a un inmueble, donde fue vendada y golpeada en distintas partes del cuerpo, principalmente en la nuca, orejas y estómago, según consta en la queja.
Ante la negativa de aceptar los cargos, los agentes recurrieron a métodos de tortura, entre ellos descargas eléctricas en diversas zonas del cuerpo y asfixia mediante bolsas de plástico y paños colocados en boca y nariz, prácticas prohibidas por la legislación nacional e internacional.
La agresión escaló hasta incluir amenazas directas contra la familia de la víctima, lo que finalmente derivó en una confesión forzada. Días después, el afectado fue ingresado al Centro Penitenciario de San Miguel, donde permaneció privado de la libertad durante casi dos décadas.
Según la documentación oficial, la víctima pasó 17 años en prisión y obtuvo su libertad en 2020, luego de que le fuera concedido el beneficio de libertad anticipada, tras un prolongado proceso marcado por irregularidades.
Entre las recomendaciones emitidas por la CDH, se establece que la Fiscalía de Puebla debe brindar atención psicológica especializada y otorgar una compensación económica, en reconocimiento al sufrimiento físico, emocional y a las pérdidas materiales derivadas de estos hechos.
Asimismo, el organismo solicitó el inicio de una investigación formal contra los agentes involucrados, con el fin de que asuman su responsabilidad en la reparación del daño, en un caso que evidencia la persistencia de la impunidad en violaciones graves a derechos humanos.
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Fotografía: Redes
