El Gobierno de Oaxaca y su Fiscalía General no han presentado elementos de prueba sobre los presuntos vínculos con el crimen organizado atribuidos a la administración de Guadalupe Lucero Bárcenas, exalcaldesa de Acatlán de Osorio, informó el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra.
El funcionario precisó que, hasta este lunes, las autoridades oaxaqueñas no habían entregado evidencias que respalden los señalamientos realizados por el gobernador Salomón Jara Cruz contra la exedil poblana.
“Ni el Gobierno ni la Fiscalía del Estado de Oaxaca han aportado elemento alguno sobre el caso de Acatlán, ni antes ni ahora”, sostuvo García Parra.
Explicó que las investigaciones relacionadas con el municipio se desarrollan bajo la jurisdicción de las autoridades poblanas y que cualquier procedimiento penal debe sustentarse en elementos probatorios incorporados formalmente a las carpetas correspondientes.
El coordinador de Gabinete señaló que las actuaciones emprendidas en Acatlán derivaron de labores de inteligencia e intercambio de información entre instituciones de seguridad de Puebla, independientemente de las declaraciones del mandatario oaxaqueño.
En ese contexto, el Congreso local determinó la desaparición del Ayuntamiento y la instalación de un Concejo Municipal para asumir las funciones de gobierno.
García Parra puntualizó que las investigaciones ministeriales permanecen abiertas y que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Puebla informar sobre los avances cuando existan condiciones procesales para hacerlos públicos.
“Ya será la Fiscalía quien, al avance de estas carpetas de investigación, con elementos en su momento, en el momento procesal correspondiente, informe”, declaró.
Añadió que la coordinación con entidades vecinas, entre ellas Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, permite intercambiar información operativa, aunque esto no significa que se hayan presentado pruebas formalmente ante las autoridades poblanas.
Conflictos municipales precedieron a las acusaciones
La crisis política de Acatlán comenzó antes de que Salomón Jara hiciera públicos los señalamientos contra Bárcenas. Las diferencias entre la entonces alcaldesa y un grupo de regidores derivaron en conflictos internos y revisiones por parte de las autoridades estatales.
De manera paralela, la Auditoría Superior del Estado inició revisiones sobre el manejo de los recursos públicos de la administración municipal.
Tras las acusaciones, Bárcenas rechazó los señalamientos y acudió voluntariamente a la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigara su presunta relación con grupos delictivos en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
Mientras avanzan las indagatorias, el Gobierno de Puebla mantiene revisiones en sus 217 municipios para prevenir la infiltración delictiva en las instituciones. Según García Parra, las mesas semanales de inteligencia reúnen a corporaciones federales y estatales, así como a representantes de las fiscalías.
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