El Gobierno de Puebla inició formalmente la renegociación de la deuda asociada al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, uno de los contratos de infraestructura más costosos heredados de administraciones anteriores y que, bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), compromete recursos públicos hasta el año 2037 por un monto que asciende a 4 mil 350 millones de pesos.
El jefe de oficina y coordinador de gabinete, José Luis García Parra, confirmó que ya se instaló una mesa de diálogo con los concesionarios del inmueble —entre ellos empresas vinculadas a Grupo Técnico Constructor y al grupo Alfa Proveedores y Contratistas de Puebla (Apycsa), propiedad de la familia Abed— con el objetivo de revisar el contrato, renegociar sus condiciones o incluso terminarlo de manera anticipada.
De acuerdo con la información oficial, los empresarios ya presentaron una primera propuesta económica, actualmente en análisis por parte del equipo estatal. Dicha contraoferta implicaría una erogación “fuerte” de recursos, estimada en un rango de entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos, con la finalidad de liquidar anticipadamente la deuda y liberar a las finanzas públicas de pagos que se extenderían por más de una década.
La revisión del CIS se inscribe en la estrategia del gobernador Alejandro Armenta de auditar y reordenar los contratos de largo plazo firmados bajo el modelo PPS, particularmente aquellos considerados desproporcionados en relación con el valor real de las obras. En el caso del CIS, el propio Ejecutivo estatal ha señalado que el inmueble ya fue pagado en términos reales, pues el estado ha erogado alrededor de 2 mil 617 millones de pesos, cuando su costo de construcción rondó los mil 500 millones.
El CIS de Angelópolis comenzó a edificarse en 2011, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, como parte de un paquete de obras emblemáticas que apostaron por esquemas de financiamiento a largo plazo. Aunque fue concebido para concentrar oficinas de atención ciudadana y dependencias del Poder Ejecutivo, el proyecto ha sido cuestionado por su elevado costo, la opacidad de sus condiciones contractuales y la carga presupuestal que impuso a gobiernos posteriores.
Ante este escenario, la administración actual ha planteado incluso la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la legalidad del contrato y, de ser procedente, lo anule. De manera paralela, se ha advertido que podría declararse una moratoria de pagos como medida de presión si no se alcanza un acuerdo que beneficie al interés público.
Desde el gobierno estatal se ha subrayado que el objetivo central de la renegociación es hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y redirigirlos a prioridades sociales como seguridad, salud, educación e infraestructura comunitaria. El antecedente inmediato es el caso del Museo Internacional del Barroco, donde la terminación anticipada del contrato permitió un ahorro multimillonario y marcó un precedente para la revisión de los llamados “contratos leoninos”.
La negociación del CIS, aún en curso, se perfila así como una prueba clave del giro que busca dar el actual gobierno de Puebla frente al modelo de endeudamiento de largo plazo que caracterizó al morenovallismo y que durante años condicionó el margen de acción del estado.
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