El Gobierno de Puebla está dispuesto a asumir el control administrativo y operativo del penal de San Pedro Cholula —y eventualmente de todos los centros municipales— luego de la fuga de un interno que logró saltar la barda con ayuda de un custodio, un hecho que volvió a exhibir la fragilidad estructural del sistema penitenciario local.
El secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, confirmó que la evasión detonó una revisión integral de los 11 penales administrados por ayuntamientos, donde actualmente la responsabilidad financiera y operativa recae en las autoridades municipales: pago de custodios, servicios básicos y mantenimiento.
“Estamos dispuestos a hacernos cargo del penal si no tienen la capacidad para tener el control administrativo y operativo”, afirmó el funcionario.
El sistema penitenciario poblano se compone de cuatro cárceles estatales y once municipales. Estas últimas, explicó, presentan condiciones heterogéneas de operación, lo que abre brechas de seguridad que no sólo ponen en riesgo a la población, sino también a los propios trabajadores penitenciarios.
Auditoría técnica y revisión del estado de fuerza
A partir del jueves, la SSP iniciará reuniones técnicas con los presidentes municipales responsables para evaluar infraestructura, protocolos de seguridad y número de custodios disponibles. El objetivo es verificar si cumplen con el mínimo operativo necesario y si los recursos destinados realmente se utilizan para garantizar seguridad.
El secretario informó que ya sostuvo un primer encuentro con la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, a quien se le entregó una lista de observaciones urgentes.
La revisión contará con acompañamiento de la Secretaría de Gobernación estatal y busca estandarizar protocolos en todo el territorio. En términos prácticos, la medida abre la puerta a una recentralización del sistema penitenciario: si los municipios no pueden sostener sus cárceles, el Estado asumiría la operación.
Más que un cambio administrativo, el episodio coloca sobre la mesa un problema estructural: la delegación de la seguridad carcelaria a gobiernos locales sin capacidad presupuestal ni técnica suficiente, un modelo heredado por años que hoy muestra sus límites.
Ilustración: Iván Rojas
