Puebla continúa posicionándose entre los estados con mayor presencia de robo de hidrocarburos, una actividad delictiva que afecta tanto la seguridad como la operatividad energética del país. De acuerdo con el análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), cinco municipios poblanos se encuentran dentro de los 100 más afectados de México, lo que refleja la persistencia de redes dedicadas a la perforación ilegal de ductos. Esta situación mantiene a la entidad bajo constante vigilancia institucional, pues el delito ha demostrado arraigo en diversas zonas de su territorio.
Entre enero y septiembre de 2025, la entidad sumó 313 tomas clandestinas detectadas en ductos de Pemex, un volumen que la ubica en el noveno lugar nacional por incidencia. El número confirma que, pese a los operativos desplegados, el robo de hidrocarburos continúa siendo una problemática vigente. Especialistas del Igavim han explicado que estas cifras permiten dimensionar el comportamiento del delito y advertir que varias regiones del estado siguen siendo atractivas para los grupos dedicados al huachicol debido a la infraestructura instalada.
El municipio de Huauchinango se mantiene como el punto más crítico dentro del estado, al registrar 196 perforaciones ilegales, equivalentes a más del 62% del total estatal. Este comportamiento lo coloca además en el séptimo lugar nacional, una posición que evidencia la fuerte presión del crimen organizado sobre el municipio. De acuerdo con el análisis del organismo, la ubicación geográfica de Huauchinango y la extensión de ductos en su territorio han contribuido a que se consolide como uno de los principales focos rojos.
En segundo sitio se encuentra Ahuazotepec, donde se documentaron 76 tomas clandestinas, lo que le otorga el lugar 35 en el listado nacional. Aunque en menor proporción que Huauchinango, la presencia de estos puntos evidencia que la región continúa siendo un corredor vulnerable para el traslado y almacenamiento ilegal de combustible. A su vez, municipios como Jalpan (12 tomas), Palmar de Bravo (9) y Venustiano Carranza (8) completan la relación de demarcaciones poblanas afectadas, mostrando que el fenómeno no se concentra únicamente en una zona, sino que se extiende por distintas regiones del estado.
A nivel nacional, los focos más intensos de huachicol se localizan en entidades como Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro, donde municipios como Degollado, Cuautepec de Hinojosa y Pénjamo superan ampliamente el promedio del país. Estos casos permiten contextualizar la situación de Puebla dentro de un fenómeno más amplio que continúa afectando a varias regiones estratégicas del país, y que representa uno de los retos de seguridad más complejos de los últimos años.
Puebla reporta una reducción del 27.5% en tomas clandestinas
A pesar de mantenerse dentro del top diez nacional, Puebla registra una tendencia a la baja en materia de robo de hidrocarburos. Según el Igavim, las tomas clandestinas pasaron de 432 casos en 2024 a 313 en 2025, lo que representa una reducción del 27.5%. Este descenso ha sido interpretado por las autoridades como un indicio de que los operativos coordinados comienzan a inhibir la actividad delictiva. No obstante, especialistas señalan que la cifra aún es considerable y exige la continuidad de las acciones preventivas y de reacción.
El gobierno estatal ha destacado que esta disminución coincide con la actual estrategia de combate al huachicol, la cual prioriza la vigilancia en zonas históricamente vulnerables y la intervención en puntos detectados mediante análisis de patrones delictivos. Como parte de estos esfuerzos, las autoridades lograron el mayor aseguramiento de combustible robado registrado en el estado, con dos millones de litros recuperados, una cifra que refleja el alcance de los operativos desplegados durante este periodo.
Este aseguramiento ha sido interpretado por las autoridades como una señal de fortalecimiento institucional, pues la magnitud del decomiso evidencia una intervención más amplia y efectiva en las redes de distribución ilegal. Como reconocimiento a esta labor, Pemex otorgó al Ejecutivo estatal diversos insumos, entre ellos 3,500 toneladas de cemento asfáltico AC-20, 350 mil litros de gasolina magna y 330 mil litros de diésel, recursos que serán destinados a obras públicas. La petrolera explicó que la colaboración con el estado busca reforzar las capacidades operativas y compensar las afectaciones generadas por las tomas clandestinas.
Ilustración: Iván Rojas
