La búsqueda de un comprador para Mazatlán FC no responde a una estrategia de expansión deportiva ni a una reconfiguración empresarial. Es el resultado de una urgencia: la presión fiscal que enfrenta Ricardo Salinas Pliego por adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la incapacidad de su conglomerado para sostener proyectos deficitarios. La coyuntura evidencia un modelo de negocios que, lejos de la narrativa de éxito que presume el magnate, acumula deudas, litigios y un creciente desgaste directivo.
Un club sin proyecto, víctima del frente fiscal
Desde hace años, el SAT mantiene abiertos expedientes por obligaciones impagas que superan los 48 mil millones de pesos. Frente a ese panorama, Salinas Pliego insiste en denunciar una supuesta persecución política; sin embargo, los movimientos recientes de su grupo empresarial delinean otro escenario: uno marcado por ajustes forzados y desprendimiento de activos.
Mazatlán FC nació de una mudanza controvertida —desde Monarcas Morelia hacia Sinaloa— que jamás logró consolidar un proyecto deportivo ni social. Su estructura directiva cambió constantemente, la afición nunca se arraigó y el equipo generó más gastos que ingresos. Hoy, con Atlante en la escena para adquirir la franquicia, no se observa una operación estratégica, sino la liquidación de un club que nunca alcanzó viabilidad financiera. Más que un lanzamiento fallido, Mazatlán FC se convierte en el primer indicio de que el modelo de multipropiedad empieza a ceder ante la presión fiscal.
El Puebla, un caso en observación
Tras la salida de Mazatlán FC, todas las miradas se dirigen al Club Puebla. La institución enfrenta problemas administrativos, cambios constantes en la plantilla y procesos legales que han sido postergados por años. Dentro del mercado deportivo, se considera al equipo como el siguiente activo prescindible de Grupo Salinas. La Federación Mexicana de Futbol ha presionado para limitar la multipropiedad, pero la venta no parece responder a criterios regulatorios, sino a una realidad operativa: el grupo ya no puede sostener dos franquicias, y aún menos afrontar sanciones deportivas o compromisos contractuales.
En este contexto, la gestión del Puebla refleja un patrón recurrente: adquirir sin plan de desarrollo, mantener con inversiones mínimas y abandonar cuando el costo supera el beneficio. Los trabajadores del club, los jugadores y la afición quedan expuestos a decisiones corporativas que priorizan la urgencia fiscal sobre el proyecto deportivo.
Más que una reorganización del futbol mexicano, la venta de Mazatlán FC evidencia el colapso de una narrativa empresarial que ocultó durante años sus riesgos estructurales. Las decisiones que antes se presentaban como apuestas estratégicas hoy parecen parte de un ajuste obligado por los tribunales y por la deuda que persiste con el Estado mexicano.
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