En la conferencia de prensa de este martes 26 de noviembre, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el jefe de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, lanzó un diagnóstico contundente sobre el sistema RUTA y los esquemas de concesiones heredados por gobiernos anteriores. Señaló que Puebla enfrenta “el cártel de las concesiones”, un modelo que –dijo– fue diseñado desde 2013 para legalizar el saqueo y endeudar al estado bajo mecanismos financieros disfrazados.
García Parra informó que el título de concesión de RUTA mantiene vigencia por 29 años más, y que cancelar ese contrato costaría 22 mil millones de pesos, una cifra equivalente a renovar por completo el transporte público de Puebla. “Con 22 mil millones podríamos modernizar todo el transporte en el estado. Esa es la dimensión del daño que se heredó”, enfatizó.
El jefe de Gabinete denunció que las administraciones de derecha modificaron leyes desde el Congreso local para blindar los contratos y garantizar pagos a privados por décadas. Ejemplo de ello son los proyectos PPS (Proyectos para la Prestación de Servicios), como el Museo Barroco, que ya fue renegociado, pero cuyos compromisos siguen vigentes.
“Nos dejaron deuda disfrazada de obligaciones financieras. Torcieron la ley para legalizar el saqueo”, señaló, al advertir que aún existen PPS pendientes por 10 años más, y que cada mes siguen pagándose cientos de millones a empresas privadas.
También el agua: otra concesión millonaria
García Parra vinculó estos esquemas con la concesión del servicio de agua en el estado. Recordó que en 2013 se le quitó al Congreso la facultad de revisar tarifas, dejando el precio del agua en manos de los privados. Recuperar esa concesión –dijo– costaría más de 7 mil millones de pesos.
Asimismo, denunció que incluso legisladores de partidos que votaron a favor de esas reformas ahora intentan señalar al gobierno actual:
“Movimiento Ciudadano y el PAN votaron a favor de quitarle el agua a los poblanos. Hoy vienen a criticar, pero no dicen que ellos entregaron el servicio y los recursos del estado”.
“Vamos a poner orden”: Gobierno prevé acciones
El jefe de Gabinete aseguró que la administración de Alejandro Armenta emprenderá acciones legales y financieras para recuperar el control del transporte y los servicios estratégicos, aunque reconoció que los procesos están jurídicamente blindados.
“Se les va a detener el negocio. Es lo que les molesta: que el gobierno ponga orden y que esas rentas multimillonarias ya no lleguen a bolsillos de unos cuantos”.
