En los primeros meses de 2025, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha documentado siete quejas formales por presuntas vulneraciones a los derechos de personas migrantes, una cifra que, aunque preliminar, refleja la continuidad de prácticas discriminatorias, detenciones arbitrarias y episodios de xenofobia en distintos municipios del estado. El organismo advirtió que estos reportes no sólo representan incidentes aislados, sino que constituyen señales de un patrón estructural que requiere atención inmediata.
La CDH enfatizó que los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, continúan situándose entre los grupos más expuestos a violaciones a derechos humanos. Esta condición se explica por múltiples factores: barreras lingüísticas, desconocimiento de los procedimientos legales, ausencia de redes familiares, precariedad económica y el estigma social que, en muchos casos, se traduce en actitudes xenófobas normalizadas. La institución recordó que esta vulnerabilidad es comparable a la que experimentan sectores como pueblos indígenas y comunidades LGBTTTIQANB+, quienes también enfrentan patrones persistentes de exclusión y violencia sistemática.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, varias de las quejas señalan a servidores públicos estatales y municipales, quienes presuntamente incurrieron en conductas que violan protocolos oficiales y comprometen la integridad de los migrantes. Estas acciones habrían ocurrido en diferentes momentos de los procesos migratorios: en el punto de origen, durante su tránsito por el estado, al llegar a su destino temporal o definitivo e incluso en su retorno a Puebla. Para la CDH, este panorama demuestra que la falta de capacitación, supervisión y sensibilidad en temas de movilidad humana sigue siendo un problema recurrente en dependencias de seguridad, atención ciudadana y áreas de regulación administrativa.
Las denuncias incluyen acusaciones de discriminación abierta, en algunos casos mediante expresiones ofensivas basadas en nacionalidad o estatus migratorio; detenciones sin sustento legal, que presuntamente derivaron de prejuicios o de una interpretación incorrecta del marco jurídico; y negación de servicios básicos, como acceso a trámites, asistencia médica, apoyo en emergencias o acompañamiento institucional. Estos actos afectan a personas provenientes de Colombia, Venezuela y Estados Unidos, así como a poblanos repatriados, quienes reportaron haber enfrentado rechazo y malos tratos a su regreso.
Uno de los casos que más resonancia pública generó ocurrió a mediados de 2025, cuando una persona de nacionalidad colombiana acusó al Ayuntamiento de Coronango de haber actuado con abuso de autoridad durante un operativo oficial. Según la reconstrucción del hecho realizada por la CDH, el migrante describió un escenario en el que —a su percepción— las autoridades habrían aplicado medidas desproporcionadas y carentes de sustento administrativo. La Comisión señaló que este expediente ejemplifica la urgencia de reforzar protocolos en los municipios, pues las autoridades locales suelen ser el primer punto de contacto para quienes llegan, transitan o residen temporalmente en la región.
Para el organismo, estos casos ponen en evidencia vacíos institucionales que requieren una respuesta coordinada: desde la actualización de manuales operativos, hasta la creación de rutas de atención más claras para agentes municipales, personal de seguridad y áreas administrativas. La CDH insistió en que el respeto a los derechos de los migrantes no depende únicamente de sancionar prácticas indebidas, sino también de prevenirlas mediante capacitación constante, sensibilización y mecanismos de evaluación que permitan detectar inconsistencias antes de que escalen.
Finalmente, la Comisión reiteró que es esencial fortalecer las políticas estatales de protección a la población migrante, particularmente en un contexto donde los flujos de movilidad continúan creciendo. El organismo hizo un llamado a las autoridades para garantizar que Puebla se mantenga como un territorio donde el acceso a servicios, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes sean prioridades ineludibles dentro de la gestión pública.
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