Pobladores de la comunidad indígena de San José Zetina, de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio de Puebla, han denunciado intimidaciones e intento de despojo por parte de la Inmobiliaria Vassur S.A. de C.V., la cual busca apoderarse de más de 400 predios.
Los afectados acusan que la inmobiliaria presuntamente está relacionada con el exmandatario estatal, Guillermo Pacheco Pulido, cuyos hijos, de nombre Javier y Guillermo, son quienes intentan apropiarse del terreno.
En conferencia de prensa, Félix Escalona Martínez explicó que el conflicto comenzó en 1997, cuando Lucio Gabriel Flores, entonces presidente auxiliar de la comunidad, se comprometió a regular los terrenos de los pobladores, debido a que carecen de escrituras.
No obstante, señaló que Flores se ostentó como propietario del terreno e hizo tratos con el exgobernador, quien en ese momento era presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para venderlo a la inmobiliaria, pero no procedió legalmente.
Explicó que en 2006, los hijos de Guillermo Pacheco Pulido presentaron unas escrituras «fraudulentas» para apropiarse del terreno y realizar un desarrollo inmobiliario, por lo que desde ese momento ha persistido el conflicto.
Aunque en 2011 un juez federal determinó que la inmobiliaria no tenía interés jurídico y, por lo tanto, no estaba amparada por la ley, en los últimos años el escenario cambió, debido a que ahora los habitantes de la comunidad fueron denunciados por presunto despojo.
Señaló que la Inmobiliaria Vassur ha justificado el intento de despojo al argumentar que hizo un acuerdo con terceras personas, a pesar de que supuestamente no cuentan con la documentación legal que lo acredite.
Félix Escalona acusó que los habitantes de San José Zetina temen por su integridad, pues señaló que al menos cinco personas han sido detenidas por manifestarse por esta situación.
La representante de los pobladores indígenas explicó que este caso continúa en los tribunales, en espera de que el juez pueda resolver a su favor.
Escalona Martínez reconoció que el caso se ha atrasado debido a la suspensión de varias audiencias durante el presente año, pues refirió que en una ocasión no se presentó el traductor náhuatl y en otra, ella misma solicitó la destitución del juez Aarón Hernández, debido a que consideró que actuaba a favor de la inmobiliaria.
Ante ello, hizo un llamado al gobierno estatal y municipal, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para escuchar sus demandas y no permitir que la inmobiliaria se apodere de su propiedad.
Lo más reciente en el proceso es que el nuevo juez asignado, Salvador Hernández, advirtió que cualquier persona que provoque otro aplazamiento de una audiencia será acreedor a una sanción económica que alcanzaría los 28 mil pesos.
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