Las llamadas comerciales y publicitarias no solicitadas podrían recibir sanciones en Puebla, mediante una propuesta de reforma al Código Penal del Estado que busca frenar el contacto telefónico insistente sin consentimiento de los usuarios. La iniciativa también advierte sobre los riesgos de fraude, suplantación de identidad y extorsión relacionados con este tipo de comunicaciones.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Guadalupe Yamak Taja, durante la sesión del jueves 19 de noviembre. El planteamiento contempla adicionar el artículo 304 Sexies al Código Penal de Puebla para sancionar las llamadas con fines comerciales o publicitarios que se realizan repetidamente sin autorización, incluso cuando las personas manifiestan que no desean recibirlas.
México registra hasta 25 llamadas no deseadas por usuario al mes
Durante su intervención, Yamak Taja señaló que México figura entre los cinco países con mayor incidencia de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 comunicaciones mensuales por usuario, según las cifras que expuso. La legisladora explicó que estas llamadas suelen ofrecer tarjetas de crédito, cambios de compañía telefónica y diversos servicios, incluso después de que los destinatarios bloquean los números.
La diputada advirtió que esta práctica puede afectar las actividades laborales, los periodos de descanso y la privacidad de las personas. “Esta saturación no sólo es una molestia, sino también un factor de vulnerabilidad”, expresó al señalar que algunas comunicaciones pueden facilitar intentos de estafa o la obtención indebida de información personal.
Buscan frenar llamadas comerciales sin consentimiento
La iniciativa también plantea atender posibles incumplimientos de proveedores, agencias de mercadotecnia y centros de contacto que utilizan bases de datos con información personal para realizar llamadas sin respetar la decisión de sus titulares.
Yamak Taja aclaró que el objetivo no consiste en prohibir la actividad comercial, sino en establecer medidas contra las comunicaciones insistentes que carezcan de consentimiento. La propuesta también retoma el contexto de una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada por el Senado en octubre.
Por ahora, las sanciones propuestas todavía no están vigentes, ya que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y eventual dictaminación. Su aplicación dependerá de que complete el procedimiento legislativo correspondiente.
Fotografía: Agencia Enfoque












