En un hecho considerado histórico por activistas y defensores de derechos humanos, el Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas al Código Civil que eliminan impedimentos legales que afectaban a personas que viven con VIH. Con esta decisión, podrán contraer matrimonio y asumir el papel de tutores legales, derechos que anteriormente les eran limitados bajo argumentos de salud.
Las modificaciones implican la derogación de la fracción VIII del artículo 299 y la fracción XII del artículo 692 del Código Civil poblano. Estas disposiciones señalaban como impedimento para casarse o ser tutor el padecimiento de enfermedades contagiosas crónicas, categoría en la que de forma tácita se incluía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La diputada Fedrha Suriano Corrales, del partido Movimiento Ciudadano, fue la promotora de esta iniciativa. Desde su perspectiva, el hecho de condicionar los derechos civiles de las personas con VIH constituía un acto de discriminación institucionalizada que transgredía su dignidad y violaba sus derechos humanos fundamentales.
Durante la presentación del punto, Suriano Corrales argumentó que no existen razones legales ni médicas para que una persona con VIH no pueda casarse o ejercer una tutela, y que mantener estas restricciones perpetuaba el estigma social sobre quienes viven con esta condición.
Con esta derogación, Puebla se suma a los estados que avanzan hacia la eliminación de leyes con sesgos sanitarios y morales injustificados. La reforma representa un paso hacia la igualdad jurídica y el respeto a la diversidad, al reconocer que vivir con VIH no debe limitar el ejercicio pleno de los derechos civiles.
Además, abre la puerta a una legislación más incluyente y basada en evidencia científica y no en prejuicios sociales, lo cual, según organizaciones civiles, puede marcar un precedente para futuras reformas en otros estados del país.
La reforma también se enmarca dentro de una tendencia nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas que viven con VIH, combatiendo el estigma, la discriminación y la exclusión legal que durante años han enfrentado.
Con este cambio, Puebla envía un mensaje claro de inclusión y respeto, alineando su legislación con principios de igualdad, dignidad y no discriminación, reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales.
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