El estado de Puebla se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en denuncias por tortura, con 22 carpetas de investigación iniciadas en lo que va de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
A nivel nacional, el reporte señala que se han abierto 151 investigaciones por este delito, el cual fue incorporado por primera vez al informe de incidencia delictiva del fuero común con el objetivo de mejorar el registro estadístico y ofrecer mayor claridad sobre la dimensión de este fenómeno en el país.
Tres estados concentran más de la mitad de las denuncias
Según el informe, el delito de tortura ha sido denunciado en 20 de las 32 entidades federativas, aunque la mayoría de los casos se concentran en tres estados que en conjunto acumulan 53 por ciento de las denuncias nacionales.
Los estados con mayor número de investigaciones son:
- Estado de México, con 38 casos
- Puebla, con 22 denuncias
- Quintana Roo, con 20 carpetas de investigación
El resto de las denuncias se distribuye en entidades como Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, entre otras.
Municipios de Puebla donde se han denunciado los casos
En el caso de Puebla, las denuncias por tortura se han registrado en Epatlán, Tehuacán, Huejotzingo, Tepexi de Rodríguez y la capital poblana, siendo esta última donde se concentra más de la mitad de las investigaciones abiertas en la entidad.
El reporte del SESNSP marca un precedente, ya que es la primera ocasión en que este delito aparece de forma desagregada en el informe oficial de incidencia delictiva, lo que permitirá contar con estadísticas más precisas para su seguimiento.
Señalamientos también documentados por organismos de derechos humanos
Aunque el registro estadístico es reciente, las denuncias por tortura han sido documentadas durante años por organismos de derechos humanos.
En Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) ha emitido al menos dos recomendaciones en lo que va del año dirigidas a la Fiscalía estatal, derivadas de quejas por presuntos actos de tortura cometidos por agentes contra personas detenidas.
La propia Comisión ha señalado que las víctimas suelen presentar secuelas físicas y psicológicas, por lo que requieren atención médica y acompañamiento especializado, además de la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y garantizar la reparación del daño.
Especialistas en derechos humanos han advertido que la visibilización estadística de este delito permitirá fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción, así como mejorar la protección de las personas bajo custodia de las autoridades.
