De acuerdo con información del sistema de Prevención y Reinserción Social, 646 personas indígenas se encuentran recluidas en centros penitenciarios poblanos, pertenecientes a 16 grupos étnicos distintos. Sin embargo, lo más preocupante es que alrededor del 31% de ellos permanecen en espera de una resolución judicial, sin que su situación legal se haya definido.
Este contexto coloca a Puebla como una de las entidades con mayor presencia de población indígena en reclusión, solo por debajo de Oaxaca y Chiapas, donde la cifra conjunta supera las 2,200 personas.
Entre los delitos por los que han sido encarcelados destacan principalmente aquellos del fuero común, como robo, homicidio y lesiones, que representan la mayoría de los casos. Solo diez personas indígenas fueron vinculadas a delitos del fuero federal, como el narcomenudeo, la portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército o el contrabando.
Aunque la población indígena reclusa está conformada en su mayoría por hombres, el informe también señala que 14 mujeres indígenas se encuentran en prisión, todas acusadas de delitos del fuero común. Esta cifra representa apenas el 2.47% del total.
En cuanto a los grupos originarios más representados dentro de los penales poblanos, destacan los totonacos, mazatecos, mixtecos, popolocas, otomíes y zapotecos, reflejando la diversidad étnica del estado.
Otro dato significativo es que la lengua náhuatl sigue siendo predominante entre los indígenas encarcelados: casi el 70% de ellos la habla como lengua materna, lo cual evidencia no solo su arraigo cultural, sino también posibles barreras lingüísticas en el proceso judicial. Esta lengua también está presente en otras entidades como Veracruz, Hidalgo y Guerrero.
La situación expone desafíos importantes para el sistema de justicia, en particular la necesidad de garantizar intérpretes, defensa adecuada y procesos culturalmente sensibles para esta población.
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