En los últimos cinco años, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado 103 carpetas de investigación por delitos contra el medio ambiente. Aunque estas denuncias siguen siendo pocas en comparación con otros ilícitos, la tendencia muestra un crecimiento preocupante.
En 2022 se registraron 33 carpetas, mientras que en 2023 bajaron a 15, una reducción del 55%. Sin embargo, en 2024 las denuncias repuntaron a 23, y para 2025 cerraron con 31, lo que representa un incremento del 106% desde 2023. En enero de este año apenas se promovió una denuncia, pero el patrón de alza es claro.
Estos delitos incluyen tala clandestina, cambios irregulares de uso de suelo y contaminación del agua, prácticas que afectan directamente a comunidades y ecosistemas. La Fiscalía reporta que desde el año pasado se han reforzado operativos para frenar la devastación ambiental, con acciones de saneamiento de ríos y vigilancia forestal.
Durante nueve meses de 2025 se logró la detención de 13 personas vinculadas a la tala ilegal y el cierre de 27 hornos clandestinos. Aunque estos avances son relevantes, el número creciente de denuncias refleja que la crisis ambiental en Puebla sigue siendo un desafío estructural que requiere políticas más firmes y participación ciudadana.
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