En lo que va de 2025, el estado de Puebla ha registrado al menos cinco evasiones de personas privadas de la libertad, hechos que derivaron en denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la posible participación u omisión de servidores públicos responsables de la custodia de los internos.
De acuerdo con información de la propia FGE, las fugas documentadas entre enero y noviembre de 2025 mantienen una tendencia similar a la del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron siete casos, lo que evidencia un problema persistente en los mecanismos de custodia y traslado de personas detenidas.
La evasión de presos —cuando una persona facilita o permite la huida de un interno durante su reclusión o traslado— constituye un delito grave, sancionado con penas de hasta más de cinco años de prisión, además de destitución del cargo e inhabilitación de uno a 10 años para ejercer funciones públicas, en caso de que se compruebe responsabilidad de funcionarios.
Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre de 2025, en el Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, donde un interno presuntamente se dio a la fuga, según los registros oficiales de la Fiscalía. El hecho generó cuestionamientos al alcalde Alejandro Barroso Chávez, quien negó inicialmente tener conocimiento del caso, aunque posteriormente afirmó que revisaría la situación sin ofrecer mayores detalles.
Otro episodio de alto impacto se registró en noviembre de 2024, cuando un joven de 23 años escapó durante su traslado al penal de San Miguel, tras una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Puebla. El interno fue llevado en un vehículo oficial por el Periférico Ecológico, y minutos después los custodios advirtieron que ya no se encontraba en la unidad.
A raíz de ese hecho, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron puestos a disposición de la FGE por su presunta participación en la fuga. Días más tarde, el prófugo fue recapturado, aunque el caso evidenció fallas graves en los protocolos de traslado y supervisión.
Las reiteradas evasiones han encendido alertas sobre la responsabilidad institucional en los centros penitenciarios y durante los traslados judiciales, así como sobre la necesidad de fortalecer los controles internos para evitar que estos hechos continúen repitiéndose en el estado.
Foto: Agencia Enfoque
