La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó un nuevo ajuste interno al separar del cargo a José Hiram Cervantes Pérez, quien encabezaba la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos. Según información confirmada por la dependencia, su salida obedece a señalamientos de presunta corrupción, aunque hasta ahora la institución no ha aclarado si existe una investigación formal en su contra. En su lugar, fue designado Roberto Alfonso Espinoza como encargado de despacho, nombramiento que se oficializó la tarde de este martes.
Este movimiento se suma a la serie de relevos que comenzaron tras la llegada de Idamis Pastor Betancourt como titular de la FGE. Bajo su administración, diversos mandos provenientes del Estado de México —y vinculados a estructuras políticas priistas— fueron señalados por prácticas irregulares, especialmente en temas relacionados con extorsiones y abusos de autoridad. La institución ha evitado detallar públicamente el alcance de estos señalamientos, aunque sí ha confirmado cambios acelerados en áreas estratégicas.
Con la salida de Cervantes Pérez, ya son siete los funcionarios removidos en menos de un mes dentro de áreas clave para la investigación y persecución del delito en Puebla. Aunque la FGE sostuvo que los anteriores seis servidores dejaron su cargo por “motivos personales”, la realidad interna apunta en otra dirección: el Departamento de Asuntos Internos sí abrió indagatorias formales contra tres de ellos. Entre los investigados se encuentran Luis Antonio León Delgadillo, quien dirigía la Feidai; Miguel Islas, responsable de la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos; y Jorge Malvaez, uno de los coordinadores en esa misma área.
Otros funcionarios que salieron recientemente fueron Oswaldo Jiménez Juárez, exfiscal Metropolitano; Bonifacio Sergio Olivares, quien encabezaba la Fiscalía de Secuestro y Extorsión; y Diego Domínguez Idalias, quien apenas había tomado el relevo en la Feidai.
Para cubrir las vacantes generadas por esta depuración interna, la FGE realizó nombramientos inmediatos: el exmagistrado Fredy Erazo Juárez asumió la Feidai; Sandra González de Yta fue designada como encargada de la Fiscalía de Investigación Regional; José González Zepeda quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Extorsión y Secuestro; José Luis Hernández González encabeza ahora la Fiscalía Metropolitana; y Rubén Alberto Curiel Tejeda fue asignado a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, se confirmó que tres nuevos encargados de despacho, entre ellos Alfonso Espinoza, Jorge Alfredo Mena Villaseñor (Homicidios) y Laura Beatriz Contreras Martínez (Flagrancia), asumirán funciones el próximo 1 de diciembre.
Las acciones recientes forman parte de las “limpias internas” que la FGE ha desarrollado desde julio, tras detectarse posibles vínculos de servidores públicos con grupos delictivos. Uno de los casos más graves involucra a Alejandro Macuil Tláhuetl, excomandante de la Fiscalía de Desapariciones, señalado por brindar protección interna a Federico N., alias “El Patuleco”, detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de al menos diez personas. De acuerdo con las investigaciones, Macuil habría bloqueado avances legales para impedir que el caso avanzara.
A esta situación se suma la reciente renuncia de Víctor Antonio Cruz Martínez, agente de la misma área y considerado cercano al excomandante. Abandonó sus labores por más de una semana y posteriormente formalizó su salida. Pese a los señalamientos y críticas de colectivos de búsqueda, la FGE aseguró que no existe ninguna investigación interna ni denuncia penal en su contra.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su discurso institucional en torno al fortalecimiento de sus capacidades, aunque las salidas constantes y las investigaciones abiertas revelan un escenario complejo dentro de sus estructuras operativas. La dependencia aún evita precisar el número total de servidores públicos bajo investigación desde el inicio de estas auditorías internas.
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