Las comunidades indígenas en Puebla continúan enfrentando una profunda desigualdad social que ha limitado su desarrollo y amenaza su permanencia cultural. A pesar de los esfuerzos institucionales, la falta de acceso a servicios básicos y seguridad social sigue siendo una constante en la mayoría de los municipios con presencia indígena.
De acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano del gobierno estatal, más de 615 mil personas mayores de tres años en la entidad hablan alguna lengua originaria. Esta cifra revela la riqueza cultural que aún persiste en Puebla, pero también expone las condiciones precarias en las que viven muchas de estas comunidades.
El documento, basado en información del extinto Coneval, muestra que solo el 21.3% de la población indígena cuenta con acceso a servicios médicos. En otras palabras, ocho de cada diez personas no están afiliadas a ninguna institución de salud, lo que representa una vulnerabilidad grave en contextos de emergencia o enfermedad.
A esta problemática se suma la carencia de seguridad social, que alcanza al 84.4% de las comunidades originarias. La falta de prestaciones laborales y de condiciones adecuadas para una jubilación digna perpetúa un ciclo de pobreza que se transmite de generación en generación.
Las condiciones de vivienda tampoco son favorables: más de la mitad de la población indígena carece de servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad. Además, una cuarta parte habita en hogares con pisos de tierra o techos de lámina, lo que refleja las carencias estructurales que aún prevalecen.
El informe también advierte que tres de cada diez personas en comunidades indígenas padecen inseguridad alimentaria, lo que dificulta satisfacer una necesidad tan elemental como la alimentación diaria.
Estos indicadores evidencian que la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios de Puebla sigue sin saldarse. Expertos y organizaciones coinciden en que urge garantizar condiciones dignas de vida, acceso a derechos básicos y políticas públicas efectivas que permitan preservar la identidad, la lengua y el futuro de las comunidades indígenas.
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