La agrupación Pueblos Unidos denunció que el gobierno municipal de Xoxtla, encabezado por Guadalupe Ortiz Pérez, ha criminalizado su lucha contra la concesión Agua de Puebla, destinada al abastecimiento de la capital poblana. La organización exige la reversión inmediata de esta concesión.
Durante una manifestación en el zócalo de Puebla, Pascual Bermúdez, representante de Pueblos Unidos, relató que el pasado sábado 25 de octubre los miembros de la agrupación detuvieron nuevamente la excavación de un pozo de agua a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
El activista denunció que la protesta fue reprimida por la policía municipal y otras corporaciones, poniendo en riesgo la integridad física de los manifestantes. Además, criticó que desde 1997 las autoridades han permitido la privatización del agua mediante la empresa Agua de Puebla, y que esta problemática continúa bajo la administración actual de Ortiz Pérez.
Bermúdez explicó que la concesionaria no ha cumplido con sus obligaciones de construir plantas de purificación y tratadoras de aguas residuales, y que la inacción del Ayuntamiento ha provocado la sobreexplotación de manantiales y ríos, así como la pérdida de cultivos por la sequía. Aseguró que los habitantes de Xoxtla buscan una solución pacífica, sin violencia ni encarcelamientos.
Por su parte, Renato Romero, defensor del agua, enfatizó que no existe desabasto en la región, sino un acaparamiento del recurso por parte de empresas privadas. Romero detalló que la comunidad ha solicitado que este tema sea tratado en sesión abierta de Cabildo para formalizar la revocación de la concesión, pero que la alcaldesa ha rechazado atender las demandas ciudadanas.
Finalmente, Romero hizo un llamado al gobierno estatal y federal para garantizar transparencia en la gestión del agua y responsabilizó al gobierno municipal de cualquier incidente contra los habitantes que se han manifestado en contra del proyecto.
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