La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el proyecto federal para instalar un Polo de Desarrollo de Economía Circular en el municipio de San José Chiapa, Puebla, y aseguró que la planta no será un relleno sanitario ni un tiradero de basura, en medio de la resistencia que han expresado ejidatarios y campesinos de la Cuenca Libres-Oriental.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el proyecto forma parte de una estrategia para transformar el manejo de los residuos en el país mediante procesos industriales que permitan recuperar materiales y reincorporarlos a la economía, bajo un modelo de economía circular.
“A veces se piensa que cuando se habla de un parque de economía circular se trata de un tiradero de basura o de un relleno sanitario, pero no es así. Es el procesamiento de residuos sólidos para su reutilización en la economía”, afirmó.
El proyecto ha generado polémica desde que el 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que formaliza el uso de 40.4 hectáreas para la instalación de esta planta recicladora en territorio poblano. El documento fue firmado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y establece oficialmente a Puebla como sede del complejo industrial.
Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre las comunidades es el posible uso de agua en una región donde el acuífero Libres-Oriental enfrenta presiones por la actividad agroindustrial y la escasez hídrica. Ante estos cuestionamientos, la presidenta aseguró que la planta no requerirá grandes volúmenes del recurso.
“Es una instalación muy limpia, ni siquiera usa agua. No utiliza el líquido más que para los baños, obviamente, de los trabajadores”, sostuvo.
La jefa del Ejecutivo también señaló que, en caso de que el proyecto llegara a requerir algún consumo de agua, deberá contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la institución responsable de regular el uso de los recursos hídricos en el país.
“Si en caso de que llegaran a utilizar algo de agua, la Conagua tiene que dar la autorización, pero no son grandes consumos ni afectaciones al medio ambiente, sino al revés, son remediaciones y mejoras que ayudarán a los ejidos”.
De acuerdo con la explicación presentada por el gobierno federal, el complejo funcionará como una planta industrial para la separación y aprovechamiento de residuos sólidos, donde materiales como PET, aluminio o papel serán clasificados, compactados y preparados para su reutilización.
Sheinbaum recordó que este tipo de instalaciones ya operan en otras ciudades, incluyendo un modelo impulsado durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde el objetivo fue reducir la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios y convertir los residuos en insumos productivos.
La mandataria también indicó que se trabajará en coordinación con el gobierno estatal y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para revisar el proyecto dentro del marco del ordenamiento territorial y brindar mayor información a la población.
En contraste con la postura del gobierno federal, campesinos y comunidades de la Cuenca Libres-Oriental mantienen su rechazo al proyecto, al considerar que no fueron consultados previamente y que podría representar una nueva presión ambiental para la región.
El Movimiento en Defensa del Agua, integrado por habitantes y productores agrícolas, ha denunciado desde hace años el sobreexplotación del acuífero y el avance de proyectos industriales en la zona, por lo que ven la instalación de la planta recicladora como un riesgo adicional para sus tierras.
La omisión de una consulta previa se sustentó en un dictamen del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual concluyó que en el área destinada al proyecto no existen localidades con características de pueblos indígenas, lo que legalmente permitió al gobierno federal avanzar sin ese procedimiento.
Mientras las comunidades insisten en exigir mayor información y participación en las decisiones que afectan su territorio, el gobierno federal sostiene que el polo de economía circular busca sustituir los tiraderos a cielo abierto por un modelo de aprovechamiento de residuos con menor impacto ambiental.
Sheinbaum aseguró que el proyecto se transparentará y que se dará a conocer información técnica para despejar dudas sobre su funcionamiento e impacto en la región. Entretanto, el debate entre el impulso de nuevas industrias ambientales y la defensa del agua y del territorio continúa marcando la discusión pública en el oriente de Puebla.
