La Secretaría de Salud del estado ejecutó el cierre total y definitivo de la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla WMM6, propiedad del Dr. Tizcareño, tras detectar graves irregularidades sanitarias y prácticas médicas de alto riesgo. Además, se impuso una multa superior a 2.6 millones de pesos, la más alta aplicada por la DPRIS en esta administración.
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) confirmó que la decisión se tomó después de un procedimiento administrativo que duró cinco meses, iniciado tras la primera suspensión del establecimiento en junio debido a múltiples denuncias ciudadanas y una inspección que reveló fallas graves.
Entre las irregularidades detectadas, la inspección documentó que la clínica realizaba transfusiones sin autorización, operaba con personal sin capacitación ni título profesional, y carecía de servicios esenciales como urgencias, terapia intensiva, dietología y farmacia hospitalaria. También se identificaron expedientes incompletos y medicamentos sin registro oficial.
A pesar de los sellos de suspensión, la clínica reabrió clandestinamente, continuando con servicios obstétricos y ginecológicos. La reincidencia quedó registrada en el procedimiento, mientras que abogados de las víctimas aseguraron que la reapertura buscaba evitar la devolución de pagos por procedimientos médicos.
Tras agotar las etapas legales, la Secretaría de Salud determinó que la clínica no cumplió con la normatividad sanitaria, decretando su clausura definitiva, la inhabilitación para actos quirúrgicos y obstétricos, y la multa de más de 2.6 millones de pesos. El establecimiento queda prohibido de brindar cualquier servicio médico.
El caso del Dr. Tizcareño ha generado gran atención pública desde junio, cuando diversas mujeres denunciaron posibles negligencias ginecológicas, y actualmente hay un proceso penal en curso, confirmado por la fiscal del estado, Idamis Betancourt. Mientras tanto, el doctor sigue defendiendo su práctica en redes sociales.
La Secretaría de Salud reiteró que las medidas buscan proteger la integridad de los pacientes y garantizar que ningún establecimiento opere fuera de la ley, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier servicio médico irregular. La clínica permanecerá cerrada bajo supervisión mientras avanzan los procesos administrativos y penales.
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