Tras casi un año de movilizaciones sociales, la empresa Colorado Ecoterra comenzó el retiro definitivo de los invernaderos de origen chino instalados en la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla, perteneciente al municipio de Tehuacán, poniendo fin a uno de los conflictos ambientales más tensos en la región.
La decisión se dio después de que la compañía perdiera el amparo con el que pretendía mantener en operación el proyecto, lo que la llevó a entablar negociaciones con los pobladores inconformes. Tras una mesa de diálogo, este 18 de febrero la comunidad avaló que se retiraran los sellos de clausura del predio —de más de 40 hectáreas— bajo la condición estricta de que únicamente ingresaran trabajadores y maquinaria para desmontar las estructuras.
El retiro es supervisado por autoridades municipales y representantes de la Secretaría de Gobernación en la región, quienes además informaron que no se ejercerán acciones legales contra los ciudadanos que participaron en protestas y bloqueos carreteros durante el conflicto.
Diversas organizaciones celebraron la resolución. Integrantes del Comité Central de Agua de San Gabriel Chilac y defensores del manantial La Taza señalaron que la salida de la empresa representa un avance en la protección del agua. De acuerdo con su postura, el proyecto agrícola representaba un riesgo para los mantos acuíferos, debido a la cercanía del manantial que abastece a varias comunidades del valle.
Habitantes de localidades como San Francisco Altepexi, San Sebastián Zinacatepec y San José Miahuatlán respaldaron las movilizaciones y sostuvieron que el terreno en cuestión habría sido ocupado de manera irregular desde años atrás, aunque la construcción formal de los invernaderos inició en 2025. El proyecto fue denominado por los inconformes como “proyecto de la muerte”, al considerar que ponía en riesgo el equilibrio ambiental de la zona.
Con la resolución judicial y el retiro de la infraestructura, se cierra un capítulo marcado por acusaciones de omisión hacia autoridades municipales, particularmente durante las administraciones de Pedro Tepole Hernández y del actual edil Alejandro Barroso Chávez, a quienes los pobladores señalaron por no intervenir oportunamente ante las denuncias ambientales.
La salida de la empresa marca un precedente en la defensa comunitaria del agua en la región de Tehuacán y deja abierta la discusión sobre la regulación de proyectos agroindustriales en zonas cercanas a fuentes naturales.
Foto: Agencia Enfoque
