La madrugada de este viernes, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo para trasladar a 30 personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) regional de San Pedro Cholula al penal de Tepexi de Rodríguez, considerado de mayor seguridad.
El despliegue ocurrió apenas cuatro días después de la fuga de un interno —quien continúa prófugo—, hecho que exhibió fallas graves en la vigilancia del centro penitenciario municipal.
El traslado fue escoltado por tierra y aire y participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y corporaciones municipales. Las autoridades reportaron que se realizó sin incidentes y bajo protocolos de seguridad.
El gobierno municipal sostuvo que la medida busca mejorar la operatividad del penal y reducir la presión por la sobrepoblación, mientras que el gobierno estatal la enmarcó en una estrategia para restablecer la gobernabilidad interna.
Revisión, objetos prohibidos y posible intervención estatal
Un día antes del traslado, autoridades estatales y federales realizaron una inspección dentro del Cereso de Cholula. En el operativo se aseguraron al menos 24 objetos no permitidos, entre ellos artículos punzocortantes, recipientes para consumo de sustancias, bocinas, cargadores, memorias USB y agujas para tatuar.
La revisión confirmó problemas estructurales en el control interno del penal, administrado por el ayuntamiento, y reforzó la discusión sobre la capacidad municipal para operar centros penitenciarios.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, anunció que los 11 penales municipales serán evaluados y, de detectarse incapacidad operativa, el Estado asumiría su control para garantizar seguridad y condiciones mínimas de gobernabilidad.
El traslado a Tepexi, más que un movimiento administrativo, refleja el inicio de una reconfiguración del sistema penitenciario local: la seguridad carcelaria deja de ser sólo un asunto municipal y pasa a convertirse en un tema de responsabilidad estatal ante la crisis evidenciada en Cholula.
