Durante el mes de enero se documentaron al menos tres desalojos de inmuebles en el Centro Histórico de Puebla, todos ejecutados sin previo aviso a los ocupantes, pero con el respaldo de jueces y presencia policial, lo que generó preocupación entre habitantes y defensores de derechos humanos.
El primer caso ocurrió el 9 de enero, cuando personas que habitaban un edificio ubicado en la 5 Poniente fueron obligadas a abandonar el inmueble junto con sus pertenencias. El operativo contó con elementos de seguridad pública, lo que derivó en una intervención de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), al considerar que los afectados no recibieron información previa ni explicación legal del procedimiento. Hasta el momento, no se ha aclarado el motivo del desalojo, aunque actualmente el inmueble muestra una lona anunciando su venta.
Un segundo desalojo se registró el 20 de enero en un hotel situado sobre la 6 Norte, a pocos metros del Zócalo capitalino. En este caso, abogados acompañados de policías solicitaron a los huéspedes desocupar el lugar de manera inmediata, argumentando un reclamo por parte del propietario legal del edificio, lo que tomó por sorpresa a quienes se encontraban hospedados.
El tercer incidente ocurrió el 15 de enero en un local comercial de la 7 Norte, donde los ocupantes fueron notificados sobre un traspaso y la venta del inmueble, situación que culminó en su salida del lugar. Posteriormente, el abogado Sergio Olalde señaló públicamente que el desalojo fue ordenado por José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, juez presuntamente relacionado con el llamado “cártel del despojo”, una red señalada por el uso irregular de procesos judiciales para apropiarse de propiedades.
Gobierno de Puebla busca endurecer castigos por despojo de inmuebles
Ante este panorama, el gobierno del estado de Puebla envió una iniciativa al Congreso local para reformar el Código Penal y castigar con mayor severidad el delito de despojo.
El 2 de febrero, el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, dio a conocer que la propuesta del Ejecutivo contempla penas de hasta 12 años de prisión y multas que superan los 175 mil pesos para funcionarios públicos que faciliten o encubran estos actos.
Además, la iniciativa establece que los autores intelectuales del despojo podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel, con el objetivo de cerrar el paso a redes que atenten contra el patrimonio de ciudadanos y comerciantes, especialmente en zonas históricas de la capital poblana.
Foto: Redes
