Pobladores del municipio de Nealtican tomaron el edificio de la presidencia municipal en protesta por la posible perforación de un quinto pozo, impulsada por la alcaldesa Imelda Gil Osorio. Los manifestantes reiteraron su negativa a que continúe la extracción de agua de su territorio hacia la ciudad de Puebla.
La acción fue resultado de una asamblea comunitaria que contó con amplia participación, pero a la que las autoridades municipales decidieron no asistir. Como parte de la protesta, los vecinos colocaron cintas amarillas en el acceso principal al edificio, en un acto simbólico de clausura. El personal que laboraba dentro del inmueble fue dejado salir sin contratiempos.
El desacuerdo se centra en una propuesta del gobierno estatal, que plantea excavar un nuevo pozo en Nealtican con el argumento de asegurar el abastecimiento local, a cambio de mantener operativos los otros cuatro que desde 1994 surten agua a la capital del estado. La alcaldesa convocó a una reunión para analizar esta iniciativa, pero los opositores anunciaron una asamblea paralela para discutir el tema desde su perspectiva comunitaria.
Durante la jornada, los manifestantes denunciaron la presencia intimidante de elementos de la Policía Municipal, aunque señalaron que no se registraron mayores incidentes. Esta no es la primera vez que se reportan acciones de este tipo.
Ya en diciembre del año pasado, el Comité de Defensa del Agua de Acuexcomac acusó a la presidenta municipal de intentar criminalizar la participación ciudadana en torno al tema hídrico. En aquella ocasión, una familia fue presionada por la policía mientras convocaba, mediante perifoneo, a una reunión vecinal. El hecho causó una crisis emocional en una menor de edad, según los denunciantes.
El trasfondo de estas protestas está en la creciente preocupación por la escasez de agua y el agotamiento de los mantos acuíferos. Las organizaciones comunitarias han señalado que la extracción constante para abastecer a Puebla pone en riesgo el acceso al agua en su propio municipio.
Además, el Comité recordó que la alcaldesa inicialmente había promovido la realización de reuniones informativas sobre el tema, pero luego cambió su postura, lo que ha sido interpretado como una estrategia para debilitar la organización comunitaria que ha ganado fuerza en los últimos meses.
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