A poco más de dos años de que el Congreso de Puebla avaló la interrupción legal del embarazo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado 12 carpetas de investigación por aborto. Los registros aparecen en los reportes mensuales de incidencia delictiva del organismo y corresponden al periodo iniciado en julio de 2024, cuando se aprobó la reforma en la entidad.
De acuerdo con la información de la FGE, las denuncias se concentran en solo cinco municipios de Puebla. La capital poblana acumuló ocho carpetas de investigación, mientras que el resto de los casos se distribuyó en Acatlán, Atlixco, Libres y Cuautlancingo, lo que muestra una incidencia territorial limitada dentro del estado.
Los datos también reflejan una disminución en las carpetas abiertas desde que el Poder Legislativo avaló la interrupción legal del embarazo. En 2024 se registraron seis denuncias, mientras que en lo que va de 2026 únicamente se han iniciado dos investigaciones, una en el municipio de Puebla y otra en Cuautlancingo.
La reforma al Código Penal del Estado de Puebla permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Bajo ese marco legal, existe la posibilidad de que las denuncias registradas deriven de casos ocurridos fuera de ese plazo, aunque autoridades estatales señalaron que, al menos hasta 2024, no había ninguna mujer procesada por abortar.
Hospitales públicos brindan atención, pero persisten obstáculos
Aunque la despenalización en Puebla se concretó el 15 de julio de 2024, desde el año previo el gobierno estatal habilitó siete hospitales públicos para brindar asistencia médica a mujeres y personas gestantes que solicitaran la interrupción del embarazo. Esta medida se aplicó a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha resolución respondió a un amparo promovido por organizaciones sociales de Puebla, que impulsaron el reconocimiento de este derecho en la entidad. Con ello, la atención médica para la interrupción del embarazo comenzó a abrirse paso en el sistema público incluso antes de que el Congreso local reformara la legislación penal.
Sin embargo, pese a la existencia de hospitales habilitados, las personas gestantes aún enfrentan dificultades para acceder al procedimiento. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de personal capacitado para realizar la atención y problemas en el abasto de medicamentos, lo que puede limitar el ejercicio efectivo del derecho.
Las cifras de la FGE muestran que las investigaciones por aborto continúan, aunque con una tendencia a la baja después de la reforma. Al mismo tiempo, el panorama evidencia que la despenalización no solo depende del cambio legal, sino también de que los servicios públicos cuenten con condiciones reales para garantizar atención médica segura, oportuna y sin criminalización.
Ilustración: Iván Rojas
