Ante los 17 casos de embarazo forzado detectados en niñas menores de 15 años en 2026 y los reportes de violencia sexual contra menores de edad, Tlaxcala reforzará las acciones de prevención mediante una actualización de los lineamientos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).
La medida fue anunciada por el titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Stefano Di Grazia Hernández, quien señaló que los cambios buscan fortalecer la coordinación institucional y ampliar la participación de distintos sectores en la atención de esta problemática.
De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año se han identificado 17 casos de embarazo infantil forzado en menores de 15 años, principalmente detectados en centros de salud, aunque las autoridades reconocieron que la cifra podría ser mayor debido al subregistro existente.
Los municipios con más casos detectados son Huamantla y Nativitas, con cuatro registros cada uno, seguidos de Chiautempan, Santa Ana Nopalucan y Tlaxcala capital, donde se contabilizaron tres casos en cada demarcación.
Además, durante la revisión de indicadores se reportaron casos de violencia sexual contra menores de edad, entre ellos uno en una niña menor de 10 años, cinco adolescentes de 13 años, 21 jóvenes de 14 años y 12 adolescentes de 15 años.
Frente a este escenario, Stefano Di Grazia informó que el Coespo actualizará el marco normativo del GEPEA para incorporar formalmente a organizaciones de la sociedad civil y liderazgos juveniles en el diseño, seguimiento y evaluación de las estrategias de prevención.
Según el funcionario estatal, la intención es generar mecanismos más efectivos para la detección, atención y acompañamiento de niñas y adolescentes en situación de riesgo, así como mejorar la coordinación entre dependencias estatales y priorizar su atención en centros de salud.
Finalmente, señaló que con estas acciones las autoridades estatales pretenden focalizar esfuerzos en los municipios con mayor incidencia y reforzar las políticas públicas orientadas a prevenir el embarazo en adolescentes y proteger los derechos de la infancia.
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