El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es hoy una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de México. Su aparición no fue un fenómeno súbito: se explica por la fragmentación del antiguo Cártel del Milenio, la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel —operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco— y por una política de seguridad que multiplicó grupos armados sin desarticular sus redes económicas y políticas.
En poco más de una década, el CJNG pasó de ser un brazo armado regional a disputar —y en varios momentos superar— al Cártel de Sinaloa en control territorial y exportación de drogas, con presencia documentada en la mayoría de los estados del país y redes en Estados Unidos, Sudamérica e incluso Canadá.
En 2025, el gobierno de Estados Unidos dio un salto jurídico y político al designar al CJNG como organización terrorista extranjera, incluyéndolo en la misma lista que el Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos y otros grupos, y abriendo la puerta al uso de herramientas más agresivas de persecución financiera y penal.
De Los Mata Zetas al Cártel Jalisco Nueva Generación
El origen del CJNG se ubica en la reconfiguración del Cártel del Milenio, ligado a la familia Valencia y subordinado en los años 2000 al Cártel de Sinaloa a través de Ignacio “Nacho” Coronel, especializado en la producción de metanfetamina en Jalisco.
Tras la muerte de Coronel en un operativo militar en 2010, esa estructura se fragmentó y dio lugar a nuevos grupos: entre ellos La Resistencia y Jalisco Nueva Generación. En este proceso aparece un brazo armado que se presenta como “Los Mata Zetas”, activo en Veracruz y otras zonas del Golfo, en el contexto de la disputa por puertos estratégicos y rutas de exportación. Diversos análisis han señalado a este grupo como antecesor directo del CJNG: primero vinculado a Sinaloa y, posteriormente, autónomo.
A partir de 2011, el nombre “Cártel Jalisco Nueva Generación” comienza a aparecer en mensajes y acciones públicas, con un liderazgo atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex policía municipal, con trayectoria en el Cártel del Milenio y experiencia en el mercado de metanfetaminas.
La transición de “Los Mata Zetas” al CJNG no fue sólo un cambio de firma. Implicó el paso de fuerza de choque a organización integral: producción y trasiego de drogas, control de rutas, cobro de piso y administración de territorios completos. Este movimiento se produjo en un contexto de disputa entre cárteles, debilidad institucional y despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde 2007, un esquema que no contuvo la escalada de homicidios ni redujo la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Consolidación, expansión territorial y diversificación criminal
Para mediados de la década de 2010, informes oficiales y de agencias estadounidenses ya identificaban al CJNG como uno de los grupos con crecimiento más acelerado del país, tanto por su expansión territorial como por sus ingresos derivados del tráfico de metanfetaminas, heroína y, posteriormente, fentanilo hacia Estados Unidos.
Distintos análisis de seguridad estiman que, tras controlar inicialmente cuatro entidades, el CJNG extendió su presencia a más de 20 estados en menos de cinco años, disputando plazas clave en el Bajío, el occidente y la franja del Pacífico. La organización ha sido señalada por autoridades federales y estatales como responsable de enfrentamientos, desplazamientos forzados y homicidios vinculados a la disputa de estos territorios.
Su economía criminal no se limita al narcotráfico. Autoridades mexicanas han documentado esquemas de:
- extorsión sistemática a comercios y transportistas;
- cobro de piso en cadenas productivas, como el aguacate y el limón en Michoacán;
- robo de combustible;
- control de minas ilegales;
- uso de empresas fachada para el lavado de dinero.
En el plano internacional, investigaciones periodísticas y de inteligencia han ubicado al CJNG exportando drogas a Estados Unidos —con redes en estados como California, Illinois, Texas y Nueva York— y consolidando vínculos en Sudamérica y Canadá, donde ya es considerado una prioridad de seguridad.
Un rasgo distintivo de su consolidación ha sido el uso de armamento y tecnología de tipo militar: fusiles de alto calibre, explosivos y, en años recientes, drones modificados para transportar y lanzar artefactos explosivos. Desde 2020 se han registrado cientos de ataques con drones en estados como Michoacán y Guerrero, atribuidos al CJNG y a grupos aliados, lo que ha obligado a las fuerzas armadas a improvisar protocolos de contención sin un marco regulatorio específico.
En paralelo, la respuesta del Estado mexicano ha sido predominantemente militar. Organismos de derechos humanos han señalado que esta estrategia ha coexistido con graves violaciones a derechos humanos —tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones— cometidas también por fuerzas estatales, mientras persisten altos niveles de impunidad en homicidios, desapariciones y delitos vinculados al crimen organizado.
Episodios de violencia que marcaron su ascenso
Desde su irrupción pública, el CJNG ha enviado mensajes de fuerza no sólo a grupos rivales y autoridades, sino a la opinión pública, mediante acciones de alto impacto mediático.
1. Emboscadas y derribo de un helicóptero en Jalisco (2015)
En abril de 2015, un ataque contra policías estatales en la sierra de Jalisco dejó 15 agentes muertos. Las autoridades atribuyeron la emboscada al CJNG como represalia por operativos en su contra.
Semanas después, el 1 de mayo de 2015, el cártel lanzó una ofensiva coordinada para impedir la captura de “El Mencho”: bloqueos masivos, vehículos incendiados, ataques a comercios y, sobre todo, el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes, con saldo de nueve militares muertos.
Fue la primera vez, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que una organización criminal abatió una aeronave de las fuerzas armadas de esta manera, lo que colocó al CJNG como un actor con capacidad para confrontar directamente al Estado con armamento de uso exclusivo del Ejército.
2. Aguililla: emboscada a policías en Tierra Caliente (2019)
El 14 de octubre de 2019, al menos 13–14 policías estatales de Michoacán fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente. En la zona aparecieron narcomantas atribuidas al CJNG.
El ataque se convirtió en símbolo de la fragilidad estatal para proteger incluso a sus propios agentes y evidenció la disputa entre el CJNG y otros grupos por el control de Michoacán, uno de los estados más militarizados y, al mismo tiempo, más violentos del país.
3. Atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México (2020)
El 26 de junio de 2020, un comando de alrededor de dos decenas de sicarios, con fusiles de alto calibre y granadas, emboscó sobre Paseo de la Reforma al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.
El funcionario resultó herido por impactos de bala y esquirlas; dos integrantes de su escolta y una mujer que transitaba por la zona fueron asesinados. Desde el hospital, García Harfuch responsabilizó públicamente al CJNG del atentado.
Para la Ciudad de México, el episodio significó una ruptura con la narrativa oficial de “contención” de la violencia organizada y mostró la capacidad del cártel para operar en una de las avenidas más resguardadas del país. Documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaron después que el ataque marcó la irrupción estratégica del CJNG en la capital y su disputa con la Unión Tepito.
4. Drones, coche bomba y guerra prolongada en Michoacán
En los años posteriores, Michoacán se consolidó como un laboratorio de guerra de baja intensidad. El CJNG y grupos reunidos bajo la etiqueta de Cárteles Unidos han empleado drones con explosivos, minas caseras y armamento pesado contra rivales, comunidades y fuerzas de seguridad.
En 2025, un coche bomba explotó en Coahuayana frente a una comandancia de policía comunitaria, en un episodio que el gobierno federal investiga como parte de la confrontación entre el CJNG y Cárteles Unidos. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que el vehículo fue conducido por dos personas que murieron en el ataque.
Estos hechos se suman a otros ataques con drones cargados con explosivos y sustancias químicas, documentados en Michoacán entre 2021 y 2024, y muestran una escalada tecnológica por parte del crimen organizado que las instituciones mexicanas no han logrado neutralizar de manera sostenida.
5. Víctimas en medio del fuego cruzado
Más allá de los episodios de alto impacto mediático, la violencia del CJNG se reproduce en historias poco visibles de secuestro, reclutamiento forzado y explotación.
Uno de esos casos es el de Iván Esteban Cano, joven colombiano que fue reclutado con engaños, secuestrado por el CJNG y, posteriormente, encarcelado en México con base en declaraciones de militares, sin pruebas independientes sólidas. El expediente ilustra cómo la respuesta estatal puede convertir a víctimas en imputados, en un sistema con graves déficits de debido proceso y altos niveles de impunidad.
Un síntoma de una crisis estructural
La trayectoria del CJNG sintetiza varios elementos de la crisis de seguridad en México:
- una política de combate al narcotráfico centrada en el despliegue militar, sin desmontar las redes financieras, empresariales y políticas que sostienen a las organizaciones criminales;
- estados con debilidad institucional, baja capacidad de investigación y altos niveles de corrupción;
- regiones enteras donde el crimen organizado se convierte en empleador, autoridad de facto y fuente de ingresos en ausencia de alternativas económicas formales;
- una demanda constante de drogas, armas y mano de obra barata proveniente de los mercados del norte.
Mientras estas condiciones se mantengan y el Estado mexicano no recupere capacidad efectiva para investigar homicidios, sancionar la corrupción, regular a sus propias fuerzas de seguridad y proteger a la población civil, el CJNG será menos una excepción y más la expresión extrema de una crisis estructural que atraviesa al país.
