La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, desde octubre de 2024 y hasta agosto de 2026, las fuerzas bajo su coordinación han asegurado 226 millones 224 mil 865 pesos en efectivo, además de 20 mil 342 kilogramos de cocaína durante operativos contra grupos delictivos en distintas regiones del país.
El balance también contempla 25 mil 764 armas de fuego, 4 millones 610 mil 760 cartuchos, 114 mil 626 cargadores y 47 mil 659 vehículos, como resultado de acciones realizadas por integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.
En materia de drogas, la dependencia contabiliza además 128 mil 964 kilogramos de marihuana y 147 mil 744 kilogramos de metanfetamina retirados de circulación durante la actual administración. Defensa señaló que estas operaciones buscan afectar tanto los recursos como la capacidad logística de las organizaciones criminales.
“Estos resultados contribuyen a debilitar las estructuras criminales y a reducir su capacidad operativa y financiera”, destacó la dependencia al presentar el balance de aseguramientos.
Operativo en Durango deja más de 2 millones de pesos asegurados
Como parte de estas acciones, fuerzas federales realizaron un operativo en Peñón Blanco, Durango, donde aseguraron 2 millones 113 mil pesos en efectivo, armamento, equipo táctico y miles de dosis de presuntas drogas durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.
El despliegue permitió localizar 14 mil 800 dosis de presunta metanfetamina, 3 mil 98 de posible cocaína y 2 mil 510 de una hierba con características de marihuana, además de 474 cigarrillos elaborados con esta última sustancia.
Las autoridades también decomisaron un arma larga, una corta, 145 cartuchos, ocho cargadores, un vehículo y diverso equipo táctico. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Durango para continuar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes.
Los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones coordinadas entre dependencias federales para reducir la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos.
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