La detención en Canadá de Diana Lorena Toro Díaz volvió a colocar bajo la atención internacional la red atribuida a Alejandro Flores Cacho, identificado por autoridades estadounidenses como operador de narcopilotos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con los señalamientos de Estados Unidos, esta estructura habría servido para coordinar rutas aéreas, operaciones financieras y empresas fachada vinculadas al traslado de droga desde Sudamérica hacia México, con destino final en territorio estadounidense.
Toro Díaz, esposa de Flores Cacho, fue arrestada en el aeropuerto internacional de Montreal cuando presuntamente intentaba ingresar a Canadá con documentos falsos. La mujer, de doble nacionalidad colombiana y mexicana, permanece detenida en un centro migratorio, mientras las autoridades canadienses analizan su situación legal y la posibilidad de una extradición a Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Empresas, hangares y escuelas de vuelo como parte del entramado
La red atribuida a Flores Cacho fue sancionada desde 2010 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El esquema incluía 12 entidades y 16 personas con presencia en México y Colombia, entre ellas empresas aeronáuticas, una escuela de vuelo en Cuernavaca, una compañía de carga aérea en la Ciudad de México y un hangar de mantenimiento ubicado en Toluca, Estado de México.
Según los reportes, estas empresas habrían sido utilizadas para facilitar operaciones aéreas y marítimas relacionadas con el tráfico de drogas, además de encubrir actividades financieras del grupo. La estructura también incluía negocios aparentemente legales, como restaurantes, ranchos ganaderos, empresas agrícolas, compañías de manufactura, tiendas de oficina, firmas de electrónica y espacios deportivos, que habrían funcionado como fachada para ocultar recursos ilícitos.
Vínculos con líderes del Cártel de Sinaloa y posible extradición
Alejandro Flores Cacho fue señalado como colaborador de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, dos de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa. En 2008 fue acusado en una corte del Distrito Sur de Texas por narcotráfico y lavado de dinero, y actualmente permanece prófugo de la justicia estadounidense, mientras su nombre continúa dentro de las listas de sanciones de la OFAC.
El caso de Toro Díaz vuelve a mostrar el alcance transnacional de las redes financieras y logísticas del narcotráfico, así como la cooperación entre gobiernos para rastrear operadores, prestanombres y estructuras empresariales utilizadas por organizaciones criminales. Si Canadá autoriza su extradición, la mujer enfrentaría un proceso clave para esclarecer cómo operaba una red que combinaba aviación, empresas fachada y lavado de activos al servicio del Cártel de Sinaloa.
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