Sandra Luz Téllez Nieves, señalada como una de las propietarias de la Guardería ABC en Hermosillo, fue detenida en Arizona por autoridades migratorias estadounidenses, en cumplimiento de una orden de reaprehensión emitida en México. La noticia fue confirmada por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por familiares de las víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.
La detención tuvo lugar en el centro de detención de Eloy, en el estado de Arizona, según reportes derivados de una ficha roja activada por Interpol, relacionada con una sentencia firme dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que responsabiliza a Téllez Nieves del delito de homicidio culposo.
El colectivo de familiares pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para asegurar que Téllez Nieves sea extraditada a México, donde debe cumplir su condena. En una carta pública, el grupo señaló que la implicada no debe ser vista como una perseguida política, sino como una persona responsable de una tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó más de 100 lesionados.
Juana Luna Hernández, quien encabeza el colectivo, expresó que la defensa legal de Téllez Nieves intenta manipular el caso en Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta persecución, lo cual, según ella, busca evadir la acción de la justicia mexicana.
A pesar de la detención, las víctimas denuncian que ninguna autoridad federal en México ha comunicado oficialmente este hecho ni a las familias ni a sus representantes legales. Este silencio ha sido interpretado como una muestra más de la indiferencia institucional que, desde hace más de 16 años, ha rodeado este caso.
La tragedia ocurrió cuando un incendio, iniciado en una bodega del gobierno estatal de Sonora, se extendió a las instalaciones de la estancia infantil subrogada al IMSS. Desde entonces, las familias de las víctimas han enfrentado lo que consideran un entramado de encubrimiento, protección política y trabas legales.
Actualmente, una firma legal en EE.UU. busca que Téllez Nieves obtenga asilo político, alegando persecución por parte del Estado mexicano. Esta estrategia ha causado profunda preocupación entre los padres de las víctimas, quienes ven en ello un intento más por eludir la responsabilidad penal.
Los familiares reiteraron su llamado a la Fiscalía General de la República para que actúe de manera inmediata, garantice la extradición y logre que Téllez Nieves sea ingresada al penal correspondiente. Subrayaron que no se trata solo de castigo, sino de una demanda legítima por justicia en uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país.
Hasta el momento, ni la FGR ni el Gobierno Federal han emitido un pronunciamiento oficial, lo que mantiene en alerta a los colectivos. No obstante, las familias afirman que no cesarán en su búsqueda de justicia, con la esperanza de que la impunidad que ha marcado este caso llegue finalmente a su fin.
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