La Fiscalía General de la República informó nuevos avances en la investigación por el laboratorio clandestino localizado en la zona de Sierra El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde se aseguraron sustancias vinculadas a la producción de drogas sintéticas. La dependencia federal busca identificar a las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble, así como a posibles empresas proveedoras relacionadas con los insumos utilizados en la instalación clandestina.
De acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara López, el sitio permanece bajo resguardo de fuerzas federales mientras continúan las labores de embalaje, traslado y posterior destrucción de las sustancias aseguradas. La investigación también incluye la revisión de los procedimientos realizados antes y después del hallazgo, con el objetivo de determinar si existió una carpeta ministerial previa y si el operativo se llevó a cabo conforme a la normatividad aplicable.
La FGR detalló que ya fueron entrevistados elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que habría participado en labores de seguridad perimetral tras el descubrimiento del laboratorio. Estas diligencias forman parte de una indagatoria por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional, debido a las circunstancias en que se desarrolló el caso.
El expediente cobró relevancia nacional después de que se reportara la participación de dos agentes de la CIA y elementos estatales en hechos vinculados al desmantelamiento del laboratorio clandestino de metanfetamina. El 18 de abril, dos integrantes de la agencia estadounidense, el director de la Agencia Estatal de Investigación y uno de sus escoltas murieron en un accidente vehicular, luego de que la unidad en la que viajaban cayó a un barranco en un camino de terracería con poca visibilidad.
Las autoridades federales también investigan si hubo empresas que facilitaron materiales, sustancias o insumos para la operación del laboratorio, lo que podría ampliar la línea de investigación hacia redes de suministro. La identificación de proveedores resulta clave para establecer no solo quién controlaba el inmueble, sino también cómo operaba la estructura logística detrás de la producción de narcóticos, especialmente en una zona serrana de difícil acceso.
Ulises Lara aseguró que la Fiscalía mantendrá una investigación objetiva y seria para esclarecer los hechos y evitar impunidad. El caso mantiene bajo escrutinio la actuación de autoridades estatales, militares y posibles actores externos, mientras la FGR continúa con entrevistas, aseguramientos y análisis para determinar responsabilidades en torno al narcolaboratorio localizado en Chihuahua.
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