Autoridades federales detuvieron en Morelos a Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, y a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, como parte de un operativo contra presuntas redes de extorsión vinculadas con funcionarios municipales. Las capturas fueron informadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que forman parte de la continuidad de la Operación Enjambre en la entidad.
De acuerdo con la información oficial, en el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con apoyo de datos del Centro Nacional de Inteligencia. Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, como parte de investigaciones relacionadas con delitos de extorsión en Morelos.
El operativo también contempla una orden de aprehensión contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien hasta el momento es buscado por las autoridades federales. García Harfuch informó que las diligencias continúan para ubicarlo y cumplimentar el mandamiento judicial pendiente, mientras avanzan las investigaciones sobre la posible participación de servidores públicos en esquemas delictivos.
La acción se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política de seguridad que busca atacar uno de los delitos que más afectan a comerciantes, transportistas y habitantes de distintas regiones del país. En el caso de Morelos, las investigaciones han puesto bajo revisión la presunta relación de autoridades municipales con prácticas como cobros ilegales, amenazas y control territorial.
La Operación Enjambre ya había tenido antecedentes en Morelos. En marzo de 2026, autoridades estatales informaron la detención de funcionarios municipales de Amacuzac por extorsión agravada. Además, meses antes se reportaron acciones en Cuautla y Yecapixtla relacionadas con cobro de “derecho de piso”, agresiones contra negocios y afectaciones al transporte público.
Con estas detenciones, el Gobierno de México busca enviar una señal de presión contra redes de extorsión que habrían operado con protección o participación de autoridades locales. Sin embargo, el caso también abre un nuevo frente político y judicial en Morelos, donde las investigaciones deberán esclarecer el alcance de estas presuntas estructuras y la responsabilidad de los funcionarios señalados.
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