Ixmiquilpan, Hidalgo.
Hay historias que duelen más allá de las cifras. En el poblado de Cerritos, municipio de Ixmiquilpan, una mujer de 109 años fue víctima de abuso sexual, presuntamente a manos de su propio nieto. Dos meses después del ataque, autoridades locales lograron detener al hombre, identificado como Antonio “N”, de 50 años, cuando alteraba el orden público en el barrio de El Fitzhi.
El caso estremeció a la comunidad. La víctima, con más de un siglo de vida, enfrenta no sólo las secuelas físicas y emocionales de la agresión, sino también el abandono institucional que permitió que su presunto agresor permaneciera libre durante casi dos meses.
Una víctima invisible en un sistema que falla
La historia de esta mujer —madre, abuela, probablemente bisabuela— es también la historia de miles de personas mayores que sobreviven en el abandono, sin acceso a redes de apoyo ni a protocolos eficaces de protección. Que haya sido violentada dentro de su propio entorno familiar refleja un doble drama: la violencia doméstica y la impunidad sistemática.
Hasta ahora, la Fiscalía de Hidalgo no ha explicado por qué se tardó tanto en ejecutar la orden de aprehensión. El silencio institucional duele casi tanto como el delito: ¿quién protege a quienes ya no pueden protegerse? ¿Qué protocolos fallaron para que una mujer de 109 años tuviera que esperar semanas para que la justicia siquiera tocara la puerta?
La comunidad exige justicia
Vecinos de Cerritos y colectivos feministas locales han comenzado a alzar la voz. Para ellos, este caso no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una cadena de violencia que atraviesa al país entero. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se abrieron 113 carpetas de investigación por abuso sexual en Hidalgo. Los números, sin embargo, no reflejan la magnitud del dolor de las víctimas ni la indiferencia de las instituciones.
Antonio “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Si se comprueba su culpabilidad, podría enfrentar una sentencia ejemplar. Pero más allá de la sanción penal, este caso debería obligar a repensar el papel del Estado en la protección de las personas mayores, quienes, como esta mujer, cargan no sólo con el peso de los años, sino con la desprotección sistemática.
No normalizar la violencia
El abuso sexual contra personas mayores suele permanecer en la penumbra: se denuncia poco, se investiga mal y se juzga menos. Mientras tanto, los agresores, muchas veces miembros de la propia familia, actúan con una impunidad que lastima doblemente. Este caso, por su brutalidad, no puede convertirse en una estadística más.
La sociedad entera —instituciones, comunidades y medios— está frente a un espejo incómodo: cuando la justicia llega tarde, la dignidad de las víctimas se pierde dos veces.
