Durante los primeros nueve meses de 2025, los centros penitenciarios de Puebla mantuvieron una proporción mayoritaria de personas privadas de la libertad sin sentencia, lo que refleja la persistencia de procesos judiciales prolongados y cuellos de botella en la impartición de justicia en la entidad.
Datos del Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y Prevención y Reinserción Social, indican que hasta septiembre de este año había 7 mil 321 personas recluidas en los 19 penales poblanos.
De ese total, únicamente 3 mil 335 personas, equivalentes al 45.56%, contaban con sentencia, mientras que el 54.44% permanecía en prisión preventiva, en espera de resolución judicial.
A pesar del rezago procesal, Puebla registró una ligera disminución en su población penitenciaria con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 7 mil 466 reclusos, lo que representa una reducción del 1.94%.
Entre agosto y septiembre de 2025 ingresaron 321 personas a las cárceles poblanas y 345 fueron liberadas, según el mismo informe federal.
Concentración en San Miguel y presencia femenina
El penal de San Miguel, en la capital poblana, continúa siendo el centro penitenciario más saturado del estado, al concentrar el 45% de la población interna, con 3 mil 324 personas recluidas.
Le sigue el penal federal de Tepexi de Rodríguez, con 671 internos, pese a tener capacidad para mil 121.
Además, el estado reportó 557 mujeres privadas de la libertad, cifra que representa el 7.61% del total de personas encarceladas en Puebla.
Contexto nacional y desafíos
Con estos datos, Puebla se posiciona como la novena entidad con mayor número de reclusos del país. Sin embargo, la cifra que destaca es la alta proporción de personas procesadas sin sentencia firme, lo que refleja tensiones en el sistema de justicia penal y en la capacidad institucional para garantizar procesos ágiles y conclusiones judiciales oportunas.
Expertos en derechos humanos han señalado que la prisión preventiva extendida puede vulnerar principios de presunción de inocencia y generar condiciones críticas en los centros penitenciarios.
