El pasado lunes 25 de agosto de 2025, una jueza federal retiró la medida de protección legal que hasta entonces evitaba que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fuera detenido por las autoridades.
La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, Jovita Vargas, negó la suspensión definitiva que Aureoles había tramitado contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Hasta ese momento, Aureoles contaba con una suspensión provisional que le protegía de ser detenido, siempre y cuando cubriera una garantía económica y compareciera ante la autoridad que ordenó su detención, lo cual no ha cumplido.
Actualmente, Silvano Aureoles se encuentra en estatus legal vulnerable, pues la ausencia de protección judicial abre la puerta para su arresto. El exmandatario está citado para una audiencia inicial en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, para escuchar la imputación formal en su contra, pero hasta ahora se mantiene prófugo y no se ha presentado a dicha diligencia.
Los delitos: peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero…
Los delitos imputados a Silvano Aureoles son graves y giran principalmente en torno a un presunto desfalco millonario durante su gestión como gobernador de Michoacán (2015-2021). Entre las acusaciones principales están los delitos de peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta, relacionados con un quebranto estimado en más de 3 mil 400 millones de pesos. Leyó usted bien: más de 3 mil 400 millones de pesos. Dichos recursos habrían sido desviados en un esquema vinculado a la compra a sobreprecio y arrendamiento irregular de siete cuarteles de policía en diferentes municipios del estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación y cuenta con una orden de aprehensión en su contra, confirmada por la jueza Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Además, algunos de sus excolaboradores ya han sido detenidos en relación con este caso. La falta de presentación de Aureoles ante las autoridades y su estatus como prófugo complican su situación legal y aumentan la presión para su pronta detención.
Según reportaje de Álvaro Delgado, Silvano Aureoles es socio de la plataforma Latinus, la cual fue financiada con contratos de su gobierno en Michoacán. La relación se establece a través de dos empresas, BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., vinculadas corporativamente a Latinus y en las que su exsecretario privado, Antonio Estrada Castilleja, fungía como socio e integrante. Además, su exsecretario particular, Miguel Alonso Olamendi, fue un operador político y económico clave en el lanzamiento del portal.
Esta relación es relevante para la situación legal de Aureoles porque, aunque la actual orden de aprehensión en su contra es por presunta corrupción en la construcción de cuarteles, las empresas detrás de Latinus también están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y corrupción, tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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