La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables de organizar y financiar los ocho bloqueos registrados el pasado 10 de noviembre en Puebla, durante las protestas relacionadas con presuntas extorsiones al interior del penal de San Miguel. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostiene que existen indicios de la participación de grupos criminales en estas movilizaciones.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que las indagatorias comenzaron de oficio, debido a que no se presentaron denuncias formales por los cierres carreteros. Entre las posibles conductas delictivas que se investigan se encuentra el ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte.
Por su parte, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, señaló que la movilización habría requerido recursos económicos y una estructura logística que, a consideración de las autoridades, difícilmente pudo ser organizada únicamente por familiares de personas privadas de la libertad.
El funcionario detalló que alrededor de 700 personas fueron convocadas mediante redes sociales, trasladadas en autobuses y camionetas y recibieron 400 pesos por participar durante tres horas en los bloqueos.
De acuerdo con este cálculo, la operación habría representado un desembolso de aproximadamente 280 mil pesos. Además, las autoridades detectaron indicios de que las cartulinas utilizadas para las consignas ya estaban elaboradas y fueron distribuidas desde un mismo vehículo.
Sánchez González indicó que entre las posibles organizaciones involucradas se encuentra Los Toscano, aunque aclaró que todavía no existe certeza sobre su participación. Añadió que otras agrupaciones delictivas podrían intentar adjudicarse las movilizaciones para obtener publicidad o desviar las investigaciones hacia sus rivales.
El gobernador Alejandro Armenta también señaló que durante las protestas hubo personas armadas.
Investigan ocho cierres en vialidades estratégicas
Los bloqueos afectaron distintos puntos de la zona metropolitana y municipios cercanos, entre ellos el Periférico Ecológico, a la altura del C5; avenida Reforma, Casa Aguayo, la autopista México-Puebla, en Xoxtla; la caseta hacia Atlixco, Camino al Batán y las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Las manifestaciones fueron protagonizadas por personas que se identificaron como familiares de internos y exigían, entre otras cosas, trasladar a tres reclusos conocidos como El Mara, Juan Carlos y El Padrino a centros penitenciarios de máxima seguridad.
En paralelo, autoridades estatales anunciaron una visita de representantes de la Comisión de Derechos Humanos y de las secretarías de Gobernación y Salud para revisar las condiciones de los internos.
El secretario de Seguridad descartó que exista una situación irregular dentro del centro penitenciario que justifique las protestas. También adelantó que se retomará el proyecto de construcción de un nuevo penal en San Pedro Cholula para atender el hacinamiento en las cárceles de Puebla.
Foto: Agencia Enfoque












